POLÍTICOS BAJO FUEGO
Siete ejecuciones, cinco atentados y una desaparición: alcaldes de Michoacán, presas fáciles del narco
Siete alcaldes y alcaldesas han sido asesinados en Michoacán en los últimos cuatro años, durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
La violencia en Michoacán ha aumentado de manera alarmante durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Desde octubre de 2021, siete presidentes municipales han sido asesinados, cinco más han sufrido atentados directos y un alcalde electo sigue desaparecido.
Esto muestra la vulnerabilidad de los funcionarios frente al crimen organizado y la falta de protección suficiente en zonas controladas por cárteles como Jalisco Nueva Generación y Tepalcatepec.
Siete alcaldes asesinados: cronología de los homicidios
El primer asesinato en este periodo ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec por el PRI, fue encontrado muerto en un predio del municipio después de haber desaparecido días antes. Su muerte marcó un patrón que se repetiría en otros municipios: secuestro o desaparición seguido de asesinato.
Un mes después, el 11 de marzo de 2022, César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla por el PVEM, fue asesinado dentro de su vehículo mientras circulaba por su municipio. En abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco del PRI, fue atacado mientras cenaba en una taquería de Morelia, y su hijo de 14 años resultó herido.
El 3 de junio de 2024, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija por el PAN, fue asesinada cerca del Palacio Municipal. La edil había sido secuestrada un año antes en Jalisco, pero sobrevivió tras tres días de cautiverio. Su muerte mostró que los ataques afectan también a familiares y entornos cercanos de los alcaldes.
En junio de 2025, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue atacado en su vehículo, donde también murió un escolta. El presunto responsable, Santos "N" alias El Kiko, fue detenido después del crimen. Días después, Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue acribillada junto con su esposo y una asesora de seguridad, dejando claro el nivel de violencia y los vínculos con delincuentes locales.
El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, fue atacado mientras encabezaba un acto público. Uno de los agresores murió abatido por los escoltas del alcalde, y otros dos fueron detenidos. Este ataque demuestra que incluso los actos públicos con presencia de familiares y ciudadanos no están libres de violencia.
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Atentados contra alcaldesas
Las alcaldesas en Michoacán también han sido blanco de ataques directos, lo que evidencia que la violencia no distingue género ni cargo. Entre las víctimas se encuentran Irma Moreno Mendoza, de Buenavista; Diana Caballero, de Queréndaro; y Rosa Elia Milán Pintor, de Cuitzeo, quienes han enfrentado agresiones con armas de fuego e incluso ataques a sus viviendas.
En Queréndaro, la alcaldesa Diana Caballero sufrió un atentado extremo: un comando armado atacó su domicilio e incluso utilizó explosivos lanzados desde drones para intentar incendiar la propiedad. Aunque Caballero se encontraba fuera del hogar, su madre fue atrapada en el ataque y tuvo que ser rescatada por bomberos, subrayando que los agresores no dudan en poner en riesgo a familiares cercanos para intimidar a los funcionarios.
Por su parte, Rosa Elia Milán Pintor y sus escoltas resultaron heridos durante un ataque en un restaurante en Cuitzeo, mientras participaban en un evento social. Estos hechos muestran que los agresores actúan incluso en espacios públicos y ante la presencia de ciudadanos, lo que aumenta el riesgo para todos los involucrados.
En Buenavista, Irma Moreno Mendoza fue víctima de un atentado armado mientras regresaba de un acto oficial, lo que pone en evidencia que los ataques no solo se concentran en el entorno urbano o en oficinas gubernamentales, sino que también se extienden a carreteras y zonas de tránsito habitual de los alcaldes.
Gran parte de estos municipios se encuentran en territorios disputados por cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Tepalcatepec. Esta presencia criminal hace que los alcaldes sean objetivos fáciles de extorsión, amenazas y ataques directos.
A pesar de contar con escoltas y coordinación con autoridades federales y estatales, los atentados siguen ocurriendo, dejando en evidencia que las medidas de protección actuales no son suficientes para garantizar la seguridad de los funcionarios y sus familias.
Estos ataques reflejan una estrategia del crimen organizado que busca controlar y amedrentar a las autoridades locales, enviando un mensaje claro sobre el poder de los cárteles y el riesgo de gobernar en estas regiones.
El costo de gobernar en Michoacán
Tras los asesinatos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que ningún alcalde había pedido seguridad extra y que mantiene comunicación con los ediles para atender sus necesidades. Sin embargo, la cantidad de homicidios y atentados muestra que estas medidas no son suficientes para garantizar su seguridad.
La Fiscalía General del Estado sigue investigando los hechos, aunque en muchos casos no se han logrado detenciones. La violencia se extiende más allá de los alcaldes hacia sus familias y cercanos, mostrando un patrón de agresión constante que pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad local.
Los asesinatos y ataques muestran que gobernar en Michoacán es extremadamente peligroso. La violencia no distingue partido político: PRI, PAN, PVEM y Morena han perdido alcaldes. La situación exige medidas más fuertes para proteger a los funcionarios y sus familias, porque sin seguridad, la gobernabilidad y la justicia local están permanentemente amenazadas.
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