- 22 de diciembre de 2025
Los acuerdos firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto otorgaron amplios privilegios a la FIFA para el Mundial 2026.

A poco más de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra en el ojo del huracán debido a los contatos pactados en México.
En el centro de la polémica está la Garantía Gubernamental firmada en enero de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un documento que comprometía al Estado mexicano a otorgar amplias exenciones fiscales y facilidades administrativas al organismo rector del futbol mundial.
Ante señalamientos de un “cheque en blanco” para la FIFA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió un comunicado para fijar postura: el actual gobierno sostiene que renegoció y limitó el alcance de esos compromisos, tanto en el tiempo como en los beneficiarios, mediante acuerdos con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, además de cambios legales aprobados por el Congreso.

¿Qué decía el acuerdo original firmado en el sexenio de Peña Nieto?
La Garantía Gubernamental suscrita durante la administración priista contemplaba un escenario mucho más amplio del que hoy defiende Hacienda. El documento establecía exenciones generales de impuestos federales y locales, así como la eliminación de controles administrativos hasta 2028, aplicables no sólo a la FIFA, sino también a subsidiarias, asociaciones, proveedores, contratistas y terceros relacionados con el evento.
El texto incluía una cláusula clave:
“México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles (…) con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos”.
Es decir, blindaba los privilegios de la FIFA frente a futuros gobiernos y reformas legales.

Hacienda responde: beneficios limitados y con fecha de caducidad
Frente a las críticas, la SHCP aseguró que, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, se instalaron mesas de trabajo para reducir el impacto fiscal del acuerdo heredado. El resultado, según la dependencia, fue acotar los beneficios exclusivamente al ejercicio fiscal 2026 y sólo a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración del torneo.
En palabras oficiales:
“La Garantía Gubernamental contemplaba beneficios fiscales amplios y de alcance general, mismos que este gobierno limitó mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Poder Legislativo”.
Hacienda subrayó que quienes no estén directamente incluidos en esa norma deberán pagar Impuesto sobre la Renta, y que estos ajustes se lograron “sin que fuera necesario algún litigio o medio de controversia”.
La Ley de Ingresos 2026 y el margen de discrecionalidad
La Ley de Ingresos de la Federación 2026 incorporó un artículo transitorio que libera del pago de impuestos federales a la FIFA y a las personas físicas o morales que participen directamente en la organización del Mundial dentro del territorio nacional. La exención cubre ISR, IVA y otras contribuciones federales relacionadas con el evento.
El punto sensible es que la ley no detalla cómo se comprobará esa vinculación directa, lo que abre un espacio de discrecionalidad fiscal que especialistas y periodistas han advertido como uno de los principales riesgos para la recaudación.
A nivel local, los gobiernos de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara también asumieron compromisos para que la FIFA no enfrente cargas fiscales, incluso absorbiendo impuestos en caso de que se generen.

Lo que reveló Peniley Ramírez: costos ocultos y cláusulas extraordinarias
La discusión escaló tras la investigación presentada por Peniley Ramírez en Aristegui en Vivo. La periodista tuvo acceso a convenios confidenciales firmados en 2022 en Zúrich por autoridades de Monterrey y la Ciudad de México, así como a un documento federal de garantías fechado en 2025.
De acuerdo con su análisis, los contratos no sólo garantizan exenciones fiscales totales, sino que amplían el beneficio a una figura ambigua denominada “clientes FIFA”, sin que el Estado mexicano tenga claridad sobre quiénes integran esa categoría.
Además, los convenios imponen obligaciones económicas directas al erario, entre ellas:
- Financiar la llamada “limpieza social” en un radio de dos kilómetros alrededor de los estadios.
- Proporcionar oficinas, logística y señalización sin costo para la FIFA.
- Garantizar transporte público gratuito en días de partido.
En el terreno legal, Ramírez destacó cláusulas que obligan a México a renunciar a litigar en tribunales nacionales, aceptar arbitrajes internacionales y renunciar a la inmunidad, lo que permitiría embargos en caso de controversias perdidas.
Para la periodista, la cláusula más grave es aquella que permite a la FIFA modificar unilateralmente los acuerdos. Como ella misma lo explicó:
“La FIFA unilateralmente podrá agregar otras obligaciones a los contratos… y México tendrá que aceptar”.
El impacto al erario: deuda, subsidios y poca recaudación
Un reporte de Grupo Reforma reforzó la preocupación financiera. Según el diario, el Mundial implicará altos costos para gobiernos federales y locales, mientras que la FIFA aportará pocos recursos directos.
Entre los datos destacados:
- Apoyo federal extraordinario de 2 mil millones de pesos para cada estado sede.
- En la CDMX, emisión de un Bono Verde por 3 mil millones de pesos para obras viales.
- En Nuevo León, solicitud de deuda por 14 mil 644 millones de pesos para 2026, rechazada inicialmente por el Congreso local.
Al último trimestre reportado, la deuda pública asciende a 112 mil 529.3 millones de pesos en Nuevo León y 99 mil 301.5 millones en la Ciudad de México.
Transparencia: el contraste con Estados Unidos y Canadá
Mientras en México los contratos permanecen reservados, Estados Unidos y Canadá hicieron públicos sus acuerdos con la FIFA. Ciudades como Seattle y Vancouver difundieron los documentos tras presión mediática y la aprobación de marcos legales locales que regulan el gasto.
En México, la falta de acceso a los convenios completos limita la evaluación ciudadana sobre cuánto costará realmente el Mundial y quién asumirá los riesgos financieros.
El gobierno actual señala a Peña Nieto
Para la administración de Sheinbaum, el origen del problema es claro. La representante del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, reconoció que la FIFA tendrá exenciones fiscales, pero sostuvo que estas se redujeron de hasta 10 años a sólo uno tras la renegociación.
Cuevas fue contundente al describir el acuerdo heredado:
“Es cierto que el contrato firmado por el Gobierno de Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro País en plena indefensión legal. Sin embargo, el actual Gobierno, por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, ha renegociado exitosamente las condiciones en las que se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026”.
La Secretaría de Turismo estima que el Mundial atraerá más de 5.5 millones de turistas extranjeros y generará hasta 3 mil millones de dólares en divisas, además de impulsar empleo y actividad económica. Ese es el principal argumento del gobierno para defender el evento.
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