Legisladores, gobernadores y hasta una ministra de la Suprema Corte poseen permisos por más de 6 millones de metros cúbicos al año, en medio de la crisis hídrica nacional.

La élite política y el agua: 31 funcionarios tienen el control de las concesiones equivalentes a 2 mil albercas olímpicas
La élite política y el agua: 31 funcionarios tienen el control de las concesiones equivalentes a 2 mil albercas olímpicas Créditos: Cuartoscuro

Mientras comunidades enteras enfrentan cortes y racionamientos, una revisión oficial exhibe que decenas de figuras políticas de todos los partidos poseen concesiones de agua suficientes para llenar miles de albercas olímpicas, reavivando el debate sobre quién controla el recurso más estratégico del país.

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El acceso y control del agua

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RR.SS. Registro Público de Derechos de Agua, documentan al menos 31 funcionarios con concesiones vigentes.

regresaron al centro del debate nacional luego de que una revisión al Registro Público de Derechos de Agua documentara que al menos 31 figuras políticas cuentan con concesiones vigentes a su nombre. En conjunto, estos permisos autorizan el uso de más de 6.2 millones de metros cúbicos al año, un volumen que contrasta con la escasez que se vive en varias regiones del país.

La información revela que las concesiones no se concentran en una sola fuerza política. En la lista aparecen legisladores federales, gobernadores en funciones, exmandatarios estatales, exfuncionarios del gobierno federal e incluso integrantes del Poder Judicial. El hallazgo generó señalamientos entre todos los partidos.

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La reforma y las protestas

Bajo el contexto de la nueva Ley General de Aguas, campesinos y agricultores se manifestaron en estados como Baja California, Chihuahua y Guanajuato, al advertir que la iniciativa podría afectar el acceso al recurso en el campo. Los inconformes exigieron frenar la aprobación sin cambios, aunque las movilizaciones no lograron detener el proceso legislativo.

Pese a las protestas, la reforma avanzó con modificaciones que transforman el esquema de concesiones vigente desde hace décadas.

Entre los principales ajustes se encuentra la prohibición para transferir concesiones entre particulares, así como un mayor control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el recurso. La ley también contempla la posibilidad de reasignar volúmenes cuando hay cambios en la propiedad de la tierra, procesos de herencia o modificaciones en las condiciones del predio concesionado.

Un especialista con experiencia en Conagua, que pidió el anonimato, advirtió que si bien la reforma fortalece la rectoría del Estado, también reduce la flexibilidad del esquema anterior y podría generar opacidad si no se establecen criterios claros y públicos para la reasignación de los títulos.

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RR.SS. Con la nueva Ley General de Aguas se realizaron manifestaciones en varios estados.

Políticos con las mayores concesiones

La revisión identificó a varios personajes con altos volúmenes autorizados. Entre ellos se encuentra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, quien cuenta con tres concesiones en Yucatán que suman más de 1.4 millones de metros cúbicos anuales para riego agrícola. El legislador ha señalado que contar con concesiones significa operar dentro del marco legal.

También figura la diputada federal Olga Sánchez Cordero, con cuatro concesiones en Nuevo León que superan el millón de metros cúbicos al año, y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, con un permiso por 600 mil metros cúbicos en la misma entidad.

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El Poder Judicial y los gobiernos estatales

El listado incluye a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, quien posee una concesión por 120 mil metros cúbicos en Guanajuato para uso agrícola y ha manifestado que se ajustará a la nueva legislación.

Asimismo, gobernadores y exgobernadores como Américo Villarreal Anaya, Jaime Rodríguez Calderón y Rutilio Escandón aparecen con concesiones vigentes, destinadas principalmente a actividades agrícolas y pecuarias.

De acuerdo con las respuestas recabadas, los titulares de las concesiones aseguran que los permisos fueron otorgados conforme a la ley y que cumplen con la normatividad vigente. Sin embargo, el debate ya no se centra sólo en la legalidad, sino en la concentración del recurso, la crisis hídrica regional y la transparencia del nuevo modelo de control del agua.

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