- 09 de julio de 2025
La entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares colapsó los juzgados familiares en la CDMX. Gabriela lleva tres meses sin poder ver a su hijo tras ser separada por la fuerza.

Gabriela Pérez Ruiz lleva tres meses buscando justicia sin éxito. Desde abril pasado, no ha podido ver ni abrazar a su bebé de apenas un año, luego de ser expulsada de su hogar por su expareja, quien además retuvo al menor. Desde entonces, ha recorrido instancias judiciales sin obtener respuesta. Aunque presentó su caso ante las autoridades capitalinas, ningún juez la ha recibido, ni siquiera para una audiencia preliminar.
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"Mi cuerpo todavía produce leche, aunque cada vez menos", relata Gabriela con voz agotada. "Me la extraigo todos los días, con la esperanza de volver a amamantar a mi bebé".
Gabriela explica que su organismo reconoce la ausencia del pequeño y ha comenzado a reducir la producción de leche. "Ya es muy poca, pero me aferro. No puedo rendirme", dice mientras lucha contra las trabas del sistema judicial que le impiden siquiera visitarlo.
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Una doble revictimización
La historia de Gabriela comenzó cuando sufrió violencia física, emocional, sexual y económica por parte de su expareja. La situación escaló hasta que en abril él la obligó a salir del domicilio familiar sin permitirle llevarse a su hijo.
Intentó levantar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, pero fue rechazada. "Me dijeron que no valía la pena, que las mujeres siempre perdonamos. Me mandaron mejor a los juzgados familiares", denuncia.
Al llegar a los juzgados, la situación no mejoró, estaba en plena Semana Santa y no había ningún juez de guardia, aunque legalmente debería haber al menos uno disponible. Desde entonces han pasado tres meses y su caso sigue sin avance alguno.
Colapso judicial tras la reforma
La situación que enfrenta Gabriela coincide con un momento crítico en el sistema de justicia de la CDMX. La entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en enero de 2025, junto con los cambios derivados de la reforma judicial, ha provocado una caída drástica en la capacidad operativa de los juzgados familiares.
Datos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX revelan que:
- La apertura de nuevos expedientes disminuyó 36 % en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.
- La eficacia de diligencias judiciales bajó 19 %.
- Las audiencias efectivamente realizadas cayeron 12.6 %.
- Las intervenciones del Centro de Convivencia Familiar para reuniones entre padres e hijos se redujeron 13 %.
Esta caída operativa afecta directamente a casos como el de Gabriela, que continúa esperando ser escuchada por un juez, mientras su hijo permanece en manos del agresor.
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"Estoy enojada con el sistema de justicia"
"Estoy enojada, esa es la palabra", dice Gabriela. "Las víctimas nos enfrentamos a obstáculos constantes. ¿Qué detiene a un juez de ordenar que me devuelvan a mi hijo? ¿Por qué tienen que pasar años para resolver lo que es urgente?".
Cada vez que acude al juzgado, obtiene respuestas vagas. "Me dicen que tienen demasiado trabajo, que reciben 30 casos nuevos al día y que son solo ocho personas. Pero eso no me da consuelo. Mi hijo está creciendo lejos de mí y yo no tengo idea de cuándo podré abrazarlo otra vez."
Gabriela ha contado con el respaldo de algunos colectivos y de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes han exigido que se investigue el caso. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta institucional que garantice el derecho de convivencia madre-hijo.
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