Caso "Fernandito": Cabos sueltos y contradicciones en la investigación

El homicidio de "Fernandito", un niño de cinco años en Los Reyes La Paz, Estado de México, conmociona por la crudeza de los hechos y la aparente indiferencia institucional.

Lo que inició como el cobro de una deuda de mil pesos terminó en secuestro y asesinato. Sin embargo, el caso ha derivado en un cruce de versiones entre autoridades, familiares y defensores legales, revelando presuntas omisiones y manipulaciones que hoy se discuten en tribunales y en la opinión pública.

Una deuda mortal

Según confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el móvil del crimen fue una deuda de mil pesos que la madre de Fernando, Noemí, debía para pagar la renta.

El 28 de julio, Lilia "N" y Ana Lilia "N" acudieron a su domicilio para cobrarla. Ante la imposibilidad de pago, sustrajeron al menor con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera cubierta. Afuera las esperaba Carlos "N" y juntos se llevaron al niño.

Entre el 31 de julio y el 2 de agosto, según la Fiscalía mexiquense, el niño habría muerto a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Su cuerpo fue envuelto en sábanas, bolsas y costales, y escondido entre basura en el patio de la vivienda donde fue hallado por la policía el 4 de agosto. Ese día, tres integrantes de una misma familia fueron detenidos y vinculados a proceso por desaparición y homicidio.

El DIF La Paz, bajo la lupa

El caso generó cuestionamientos hacia el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, por presuntamente no atender a la madre del menor cuando solicitó ayuda. En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el director del organismo, Mario Cristalinas, rechazó tajantemente esa acusación:

"Si algún vecino, familiar, si alguien se hubiera acercado a comentarnos que había un secuestro, claro que habríamos hecho algo al respecto".

Cristalinas afirmó que, revisando el registro de visitantes, no hay constancia de que Noemí haya acudido al DIF. Además, señaló que la institución no cuenta con cámaras de seguridad para verificarlo. A pesar de versiones que vinculaban su renuncia con el caso, aseguró que permanecerá en el cargo "hasta que terminen las investigaciones".

La versión de la familia

El testimonio de Alfredo Raúl Gómez, tío del menor, contradice la postura oficial. Afirmó que Noemí sí acudió al DIF, pero no fue atendida debido a sus dificultades de lenguaje: "Sí fue, pero no le hicieron caso por lo mismo de su problema".

Alfredo detalló que su hermana buscó ayuda en varias instancias: primero en el DIF, después en un módulo de policía y posteriormente en el Ministerio Público, donde le indicaron que debía acudir a Ciudad Mujeres para iniciar la denuncia. Fue hasta entonces, días después del secuestro, que se abrió la carpeta de investigación.

Presiones y amenazas

El tío de Fernando también denunció que Noemí fue presionada por policías para cambiar de abogada. Explicó que ella padece un trastorno global del desarrollo, lo que la hace más vulnerable a la manipulación: "Ella puede tener 26 años, pero es como si tuviera unos 13 o 14 años".

De acuerdo con su versión, policías le advirtieron que la abogada Fabiola Villa "la iba a meter en problemas" y la convencieron de desistir de sus servicios. Sin embargo, la familia decidió mantener a Villa como representante legal, al considerar que ha dado resultados en la defensa.

Además, Alfredo relató que su hermana recibió dos mensajes de amenaza para que no continuara involucrándose en el caso. La familia decidió cambiarle el chip de su teléfono y mantenerla bajo resguardo con un familiar para protegerla.

La entrevista también reveló que, el día de una audiencia, la policía separó a Noemí de sus familiares para trasladarla en otra patrulla, momento en el que, según Alfredo, los agentes aprovecharon para insistirle en cambiar de abogada. Por este motivo, la familia anunció que ya no permitirá que sea trasladada por las autoridades y se encargará personalmente de su transporte.

La postura final del DIF

Al cierre de la entrevista, Mario Cristalinas reiteró que no hubo omisión ni abandono, y que el DIF está preparado para atender a personas con problemas de comunicación. Sin embargo, reconoció que sin cámaras ni registro, todo se reduce a "palabra contra palabra" entre la institución y la familia.

"No ha existido omisión, abandono ni intención de evadir responsabilidades", insistió el funcionario, quien expresó sus condolencias a los familiares del menor.

Mientras Carlos "N", Lilia "N" y Ana Lilia "N" enfrentan prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, las contradicciones entre autoridades y familiares continúan. Más allá del crimen, persiste la incógnita sobre si existió una cadena de negligencias y presiones indebidas que pudieron agravar la tragedia.

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