- 11 de abril de 2025
Gustavo Hernández, entre lágrimas, pidió justicia al Gobierno de Sheinbaum para encontrar al menos “un huesito” de su hijo desaparecido.

“Aunque sea un huesito para tenerlo y darle cristiana sepultura”, suplicó entre lágrimas Gustavo Hernández, padre de Abraham, desaparecido desde abril de 2024 en Escobedo, Nuevo León.
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Su voz, quebrada por el dolor pero firme en su exigencia de justicia, se escuchó alto y claro durante un encuentro sin precedentes entre familias buscadoras y el Gobierno federal.
Han pasado apenas unos meses desde que Abraham, de 33 años, fue visto por última vez. Su ausencia se sumó a la estadística dolorosa que pesa sobre México: más de 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales.
Pero para Gustavo, como para miles de madres, padres, hijas, hermanos, no se trata de cifras: se trata de vida suspendida, de un amor que resiste, de una lucha que no termina.

Un encuentro histórico
El pasado martes, más de 200 familiares de personas desaparecidas, integrados en 26 colectivos de búsqueda, sostuvieron un diálogo de ocho horas con autoridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre las funcionarias presentes estuvieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Teresa Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y Yuriria Rodríguez, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas.
En el arranque de la tercera mesa nacional de diálogo entre autoridades federales y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, autoridades federales se sentaron cara a cara con quienes cargan día a día la ausencia forzada de sus seres queridos.
No fue un acto simbólico: fue una exigencia contundente, acompañada de fotografías, pancartas, testimonios y lágrimas.
En ese espacio, Gustavo pidió ayuda para encontrar a su hijo. “Yo sé que la Presidenta va a cambiar esta historia y nos va a ayudar para que regresen a nuestras casas nuestros tesoros… aunque sea un huesito”, repitió con una mezcla de dolor y esperanza.
Su súplica representa no solo la de su familia, sino la de miles que buscan en fosas clandestinas, hospitales, cárceles y morgues, con sus propios recursos y sin descanso. Buscan fragmentos de verdad. Buscan justicia. Buscan paz.
Obligaciones del Estado, promesas por cumplir
Frente al reclamo de los colectivos, Rosa Icela Rodríguez ofreció un compromiso: que no prevalezca la impunidad. “Ustedes quieren saber qué pasó, dónde están sus seres queridos, y es nuestra obligación como Estado buscarlos. Es deber de las fiscalías investigar y de las comisiones atender a las víctimas”, declaró ante los asistentes.
Sin embargo, las familias no se conforman con promesas. Han escuchado muchas antes. Lo que esperan ahora son acciones concretas: mejores recursos para las búsquedas en campo, más personal capacitado, tecnologías aplicadas a la identificación forense y, sobre todo, voluntad política para reconocer la magnitud de la crisis.
Los colectivos también reclamaron la lentitud y negligencia de las fiscalías estatales, así como la falta de resultados en investigaciones que muchas veces son archivadas sin avances:
“Las familias hacen el trabajo que le toca al gobierno, buscan en la tierra, analizan datos, organizan brigadas. Lo mínimo que merecen es ser escuchadas y apoyadas con verdad y justicia”.

El país de las ausencias
Desde hace décadas, México se ha convertido en un país de ausencias. La desaparición forzada, perpetrada por grupos del crimen organizado en colusión con autoridades, es una herida abierta que atraviesa generaciones.
Las estadísticas son alarmantes, pero detrás de cada número hay historias como la de Abraham. Un hombre joven, con sueños, con una familia que lo ama y lo busca.
La esperanza de encontrarlo con vida se mantiene, aunque con el paso del tiempo se transforme en una búsqueda de restos. “Aunque sea un huesito”, dice Gustavo, y en esas palabras se condensa la urgencia de verdad, el derecho al duelo, la necesidad de cerrar el círculo del dolor.
¿Y ahora qué?
El encuentro en la Ciudad de México podría marcar un nuevo comienzo. La presencia de las máximas autoridades en materia de gobernación y derechos humanos abre una posibilidad: que las políticas públicas en materia de desapariciones se construyan con las víctimas al centro, con empatía, con recursos suficientes, y sobre todo, con rendición de cuentas.
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Pero eso dependerá de lo que ocurra después. De que las promesas no se queden en papel. De que los compromisos se traduzcan en acciones. Y de que nunca más una familia tenga que mendigar verdad ante un Estado indiferente.
La historia de Gustavo y Abraham es una entre miles, pero no debe ser una más que se olvida. Mientras tanto, los colectivos siguen caminando. Buscando. Resistiendo. Y exigiendo justicia.

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