- 22 de abril de 2025
La transmisión en México del spot antiinmigrante de EE.UU., impulsado por la administración Trump, encendió el debate sobre la regulación de medios nacionales y los límites a la propaganda extranjera.

A mitad de una telenovela o durante un partido de fútbol, millones de mexicanos se han topado con una imagen desconcertante: una funcionaria estadounidense hablando en inglés, advirtiendo con tono amenazante que quien cruce la frontera sin documentos será "cazado" y deportado.
Se trata de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, prestando su rostro y su voz a una nueva campaña antiinmigrante del expresidente Donald Trump. El mensaje, subtitulado en español, no es parte de una película ni un programa satírico: es un spot oficial del Gobierno estadounidense , transmitido en los horarios estelares de la televisión mexicana.
La emisión del anuncio ha causado una ola de indignación en México, tanto por el contenido —calificado por autoridades como discriminatorio y violento— como por su difusión en los canales de la mayor audiencia del país. Pero también ha planteado preguntas más profundas: ¿Cómo llegó un mensaje de propaganda extranjera al corazón del sistema de medios nacionales? ¿Quién lo permitió? ¿Y por qué?
El mensaje que cruzó la frontera
La campaña de Trump, lanzada oficialmente desde febrero como una "estrategia multimillonaria" de difusión internacional, encontró un aliado inesperado: el vacío legal en la legislación mexicana que regula la transmisión de contenidos por parte de gobiernos extranjeros.
El spot comenzó a transmitirse el 1 de abril en los principales canales de Televisa, en programas de alta audiencia como La Rosa de Guadalupe o durante eventos deportivos internacionales. Según un documento oficial citado por El País , también se ha detectado su reproducción en estaciones de radio locales, esta vez con una voz en español que repite el mensaje de Noem, dirigido a disuadir la migración irregular hacia Estados Unidos.

Un vacío legal... o una omisión conveniente
Frente al escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con contundencia. Desde su tradicional conferencia matutina, leyó un artículo que supuestamente prohibía la transmisión de propaganda extranjera en medios concesionados. Sin embargo, el texto no figura en ninguna ley vigente, ni siquiera en los reglamentos antiguos.
Fuentes del Gobierno federal confirmaron que las palabras leídas por la mandataria no pertenecen a una legislación derogada, sino a una nueva iniciativa de reforma que el Ejecutivo enviará al Congreso para llenar ese vacío. En esencia, se busca reinstaurar un principio que hasta 2014 formó parte del marco legal: impedir que los medios de comunicación mexicanos se conviertan en altavoces de gobiernos foráneos con intereses políticos.

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Televisa, el espectro y los contratos
Aunque el Gobierno de Sheinbaum aseguró que la transmisión se realizó sin su conocimiento, Televisa sostiene que actuó dentro de la ley . La televisora, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, argumentó que desde la reforma de 2014 no existe una restricción explícita que impida vender espacios publicitarios a gobiernos extranjeros. Ni la Secretaría de Gobernación (Segob) ni otra autoridad tenía, hasta ahora, facultades claras para vetar este tipo de contenidos.
La Segob ha solicitado bajar el spot, pero la emisora se ha ocultado en el marco legal vigente. La Presidenta busca revertir esa situación: su iniciativa no solo prohibirá expresamente estos contratos , sino que devolverá a la Segob la facultad de sancionar a los concesionarios que transmiten mensajes que vulneren derechos humanos o atenten contra la dignidad de las audiencias.

¿Discurso de odio?
Especialistas en medios como Aleida Calleja y Gabriel Sosa Plata coinciden en que la reforma de Peña Nieto debilitó la capacidad del Estado para vigilar los contenidos que circulan por radio y televisión. "Mucho de lo que estaba en la ley en materia de regulación de contenidos disminuyó", advierte Sosa. Y aunque reconoce que el negocio entre concesionarios mexicanos y el Gobierno de Trump puede ser legal en términos comerciales, advierte que el contenido del spot sí incurre en discriminación .
"Es una vulneración de derechos humanos, es un discurso de odio", sentenció. Calleja va más allá: considera que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de mensajes que fomentan el rechazo o la violencia hacia poblaciones vulnerables, en este caso los migrantes. "No puedes usar un bien del dominio de la nación, como lo es el espectro radioeléctrico, para eso. No a cambio de dinero", apuntó.
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Negocio millonario en la señal nacional
En Estados Unidos, medios locales han informado que el Departamento de Seguridad Nacional ha destinado al menos nueve millones de dólares para la difusión del spot en territorio estadounidense. Se desconoce cuánto costó colocarlo en México, ni qué tipo de acuerdo se firmó con las televisoras. Lo cierto es que el mensaje de Trump ha cruzado fronteras y se ha instalado en los hogares mexicanos, provocando un escándalo político, diplomático y mediático.
Este mismo lunes, la secretaría Noem anunció una nueva ronda de mensajes contra la migración irregular, que también se difundirá en el extranjero. La polémica apenas comienza. En tiempos de globalización, los muros ya no son de concreto. También se construyen con discursos, con propaganda, con mensajes que cruzan océanos y llegan a través de pantallas.
Lo que antes era impensable —ver a una funcionaria estadounidense amenazando a migrantes desde el horario estelar mexicano— hoy es una realidad. Y en esa realidad, México se debate entre el libre mercado de sus concesionarios y la necesidad de proteger su soberanía mediática y sus valores democráticos .
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