Del poder a la cárcel: los políticos atrapados en la Operación Enjambre

La Operación Enjambre se ha convertido en uno de los golpes más profundos contra la corrupción institucional en el ámbito municipal de los últimos años en México. Iniciada en el Estado de México en 2024 y extendida posteriormente a otras entidades, esta estrategia ha puesto bajo la lupa a alcaldes, directores de seguridad, síndicos y mandos policiacos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, esquemas de extorsión y redes de protección criminal.

El despliegue es resultado de una coordinación inédita entre autoridades federales y estatales, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. El objetivo central ha sido desmantelar estructuras criminales que operaban desde dentro de los gobiernos municipales, utilizando cargos públicos para facilitar delitos de alto impacto.

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Un operativo con resultados judiciales

De acuerdo con los balances oficiales presentados por autoridades federales, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 se lograron 60 detenciones y diversas sentencias condenatorias contra servidores públicos de distintos niveles. El Estado de México se consolidó como el epicentro del operativo, con cateos simultáneos, aseguramientos de inmuebles utilizados para actividades ilícitas y la captura de objetivos prioritarios relacionados con extorsión y delincuencia organizada.

Las acciones incluyeron intervenciones en más de una decena de municipios, donde se detectó un patrón común: funcionarios que, lejos de combatir al crimen, facilitaban su operación mediante amenazas, cobros ilegales y protección institucional. En algunos casos, estas redes se extendían hacia centros penitenciarios, desde donde se coordinaban esquemas de extorsión telefónica.

Alcaldes bajo investigación y tras las rejas

Uno de los rasgos más visibles de la Operación Enjambre ha sido la detención de presidentes municipales en funciones y exalcaldes. Entre ellos se encuentra María Elena "N", presidenta municipal de Amanalco, detenida en noviembre de 2024. Las investigaciones apuntan a que durante su administración se permitió la operación de grupos criminales dedicados a la extorsión y otros delitos violentos, bajo un esquema de protección institucional.

Otro caso relevante es el de Ari Patrick "N", expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras, y su hermano Baltazar "N". Ambos fueron detenidos en abril de 2025 y son señalados por la operación de una red de cobros ilegales que afectaba de manera directa a comerciantes locales. La estructura, según las autoridades, funcionaba de forma sistemática y con amenazas constantes.

A estos casos se suma el de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, detenido en febrero de 2026. Su arresto marcó la expansión del operativo fuera del Estado de México y evidenció que el fenómeno de colusión entre autoridades locales y el crimen organizado no es exclusivo de una sola entidad.

Mandos de seguridad, el eslabón clave

Un componente central de la Operación Enjambre ha sido la identificación de mandos policiacos como piezas clave en la operación de redes criminales. Directores y subdirectores de seguridad pública fueron señalados por utilizar recursos oficiales para intimidar a comerciantes, filtrar información sensible y garantizar impunidad.

Entre los detenidos se encuentran Manuel Alejandro "N", director de Seguridad Pública de Amanalco, y Eraclio "N", director de Seguridad Pública de Tejupilco, ambos capturados en noviembre de 2024. Las investigaciones los vinculan con secuestros exprés, extorsión y colaboración directa con grupos delictivos que operaban en sus respectivas regiones.

En municipios de alta densidad poblacional como Ecatepec y Naucalpan, también se registraron detenciones de mandos policiacos. Rafael "N." y Analleli "N.", ambos elementos de alto rango en Ecatepec, fueron señalados por permitir y facilitar esquemas de cobro ilegal. En Naucalpan, Omar "N." y Omar Leyva Montalvo enfrentaron procesos judiciales por delitos relacionados con extorsión, siendo este último sentenciado a 40 años de prisión.

Funcionarios administrativos en la red criminal

La Operación Enjambre no se limitó a áreas de seguridad. Funcionarios administrativos y políticos también fueron incluidos en las investigaciones. Ellery Guadalupe "N", presidente honorario del DIF de Tonatico, fue detenido por su presunta participación en secuestros exprés y extorsiones, aprovechando su posición dentro del gobierno municipal.

En Aculco, José Humberto "N", síndico municipal, y Edgar "N", exdirector de Seguridad Pública, fueron detenidos en abril de 2025. Ambos son señalados por participar en una red de extorsión que afectaba a comerciantes locales, con amenazas directas y cobros periódicos.

Guillermina "N", vinculada a extorsiones en Almoloya de Alquisiras, completa el cuadro de funcionarios que, sin ocupar cargos de primer nivel, jugaban un papel estratégico en la logística de cobros ilegales y presión a empresarios.

El alcance territorial del operativo

Aunque el Estado de México ha sido el núcleo de la Operación Enjambre, las investigaciones revelan un fenómeno extendido. Municipios como Ixtapaluca, Tonatico, Tejupilco, Ecatepec, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Tlatlaya y Naucalpan figuran entre los puntos donde se ejecutaron órdenes de aprehensión y cateos.

La implementación de esquemas como el Mando Único Coordinado y operativos regionales permitió reducir delitos específicos, como el robo a transporte de carga, y mejorar la capacidad de respuesta ante denuncias ciudadanas por extorsión. Estas acciones también facilitaron la identificación de funcionarios que operaban como enlaces entre autoridades y organizaciones criminales.

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Un mensaje político y judicial

Más allá de las cifras, la Operación Enjambre envía un mensaje directo al ámbito político local: la colusión con el crimen organizado ya no es tolerada como una práctica impune. La detención de alcaldes en funciones, síndicos y directores de seguridad rompe con una inercia histórica en la que las responsabilidades rara vez alcanzaban a los niveles de decisión municipal.

Las autoridades federales han subrayado que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevas detenciones. El énfasis está puesto en seguir desarticulando redes completas, no solo en castigar a individuos aislados.

Del cargo público a la celda

La narrativa que atraviesa todos los casos es la misma: funcionarios que pasaron de ejercer poder político o administrativo a enfrentar procesos penales y sentencias de prisión. La Operación Enjambre ha expuesto cómo estructuras municipales completas pueden ser capturadas por intereses criminales cuando fallan los controles internos y la rendición de cuentas.

Este operativo se perfila como uno de los precedentes más relevantes en el combate a la corrupción local en México. Su impacto no solo se mide en detenciones, sino en el mensaje de que la justicia puede alcanzar incluso a quienes, desde el poder, creyeron operar con impunidad.

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