Más allá de Marina del Pilar: ¿qué hay detrás de la revocación de visas a gobernadores mexicanos?

Varios gobernadores y altos funcionarios mexicanos estarían en la mira del gobierno estadounidense por presuntos nexos con el crimen organizado. La cancelación de visas y el congelamiento de cuentas bancarias han desatado un escándalo político que, según el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, apenas comienza.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado investigaciones contra varios políticos mexicanos de alto nivel. La medida podría derivar en la revocación de visas y el congelamiento de cuentas bancarias, como habría ocurrido recientemente con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres.

A través de su cuenta en X, Levy afirmó que funcionarios mexicanos (incluidos gobernadores y secretarios de Estado) están siendo investigados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con actividades ilegales, entre ellas, el lavado de dinero. 

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Lista negra: ¿quiénes están bajo el radar de EE.UU.?

Levy compartió una lista en la que mencionó a varios gobernadores presuntamente incluidos en las investigaciones estadounidenses. Entre ellos, figuran Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Clara Luz Flores, actual titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de la Secretaría de Gobernación, y al senador Adán Augusto López, son otros personajes que figuran en la lista.

De esta forma, se señala a dos secretarios de Estado, cuyas identidades no reveló, estarían ligados al Cártel del Golfo. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de estas investigaciones por parte del gobierno de EE.UU., las implicaciones son serias, podrían derivar en restricciones migratorias y financieras para los implicados.

El caso Marina del Pilar

Esta situación se volvió más seria cuando la gobernadora de Baja California, revelara que su visa de turista estadounidense fue cancelada, al igual que la de su esposo, Carlos Torres, quien ocupa un cargo público en el gobierno local. Además, ambos habrían visto congeladas sus cuentas en los bancos Wells Fargo y Bank of America, ubicadas en San Diego, California.

De acuerdo con la información, estos bloqueos financieros obedecen a sospechas de lavado de dinero, por lo tanto bancos como Wells Fargo y Bank of America cancelaron cuentas de servidores públicos mexicanos, confirmando que los fondos provenían de actividades ilícitas.

Tamaulipas y Sinaloa: focos rojos

Uno de los casos más delicados es el del gobernador de Tamaulipas. Ante los señalamientos, la Vocería de Seguridad del estado emitió un comunicado para desmentir cualquier revocación de visa, asegurando que la información difundida en redes sociales no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

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En el caso de Sinaloa, el historial del estado en materia de narcotráfico ha levantado alertas recurrentes tanto en México como en Estados Unidos. La supuesta inclusión del mandatario estatal en las investigaciones solo aviva las sospechas de una colusión entre poderes políticos y criminales.

Para el presidente estadounidense Donald Trump, el tema ha sido una constante. Durante su mandato, y de nuevo en su actual campaña electoral, ha calificado a la clase política mexicana como "narcopolítica". Trump ha exigido incluso medidas más duras contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado, incluyendo la designación de cárteles como organizaciones terroristas.

Estas acusaciones, aunque bastante polémicas, han encontrado eco en las recientes acciones de las agencias estadounidenses, que parecen decididas a cortar vínculos financieros y de tránsito con funcionarios sospechosos.

Más allá de lo mediático, la posible cancelación de visas y el bloqueo de cuentas bancarias a funcionarios mexicanos representa una advertencia clara del gobierno de Estados Unidos. 

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