Así fue el ataque ordenado por Trump contra supuesto narcosubmarino en el Caribe

El más reciente ataque ordenado por Donald Trump contra un narcosubmarino en el mar Caribe volvió a colocar en el centro de la atención internacional la estrategia antidrogas de su gobierno. El operativo, ejecutado el pasado jueves por fuerzas armadas de Estados Unidos, dejó dos tripulantes muertos y otros dos sobrevivientes, quienes —según confirmó el propio mandatario— serán repatriados a Colombia y Ecuador para enfrentar cargos por narcotráfico.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump publicó las imágenes del momento exacto en que un misil del Ejército estadounidense impacta contra la embarcación. En el video se observa al submarino navegando en aguas caribeñas, segundos antes de ser interceptado.

El presidente y actual jefe de Estado aseguró que el ataque se basó en información de inteligencia que confirmaba la presencia de fentanilo y otras drogas ilegales a bordo. En su mensaje, subrayó que la operación se realizó sin bajas estadounidenses y justificó la acción con una declaración contundente:

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra".

Este sería el primer operativo del tipo en el que se registran sobrevivientes. En los cinco ataques previos, al menos 27 tripulantes perdieron la vida y no se habían reportado detenciones.

Los sobrevivientes serán repatriados

De acuerdo con la información difundida por Trump, los dos sobrevivientes son ciudadanos de Colombia y Ecuador. Ambos serán enviados a sus países de origen para su detención y posterior procesamiento judicial.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han revelado cuántas personas viajaban a bordo ni el estado de salud de los sobrevivientes. Lo que sí confirmó el mandatario fue que el submarino "transportaba principalmente fentanilo", droga que Washington considera una prioridad en su ofensiva global contra el narcotráfico.

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Operaciones en el Caribe: la estrategia de "conflicto no internacional"

La administración Trump ha defendido la legalidad de estos ataques amparándose en lo que denomina un "conflicto armado no internacional" contra organizaciones narcoterroristas con presencia en Venezuela. Ese argumento, según la Casa Blanca, autoriza el uso de la fuerza militar en la región sin necesidad de una declaración formal de guerra.

Trump ha hecho de estos operativos un símbolo de su política antidrogas, compartiendo con frecuencia videos de los ataques y describiendo a los fallecidos como narcotraficantes. "Cada vez que destruimos un barco, salvamos la vida de 25.000 estadounidenses", reiteró en su publicación más reciente.

Crecen las dudas en Washington

Sin embargo, las imágenes celebradas por Trump también han desatado una ola de cuestionamientos en Estados Unidos. Legisladores demócratas y expertos en derecho internacional exigen al Ejecutivo que presente pruebas concretas de que las embarcaciones atacadas efectivamente transportaban drogas.

Algunos congresistas sostienen que las operaciones podrían violar el derecho internacional e incluso la Constitución estadounidense, pues no cuentan con la autorización del Congreso. "El país debe saber si estas acciones militares son realmente necesarias o si se están utilizando con fines políticos", advirtió un grupo de legisladores en una carta enviada al Comité de Asuntos Exteriores.

Maduro acusa "agresión estadounidense" y decreta estado de emergencia

La respuesta de Caracas no tardó en llegar. El presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones de Washington y negó cualquier vínculo de su gobierno con redes de narcotráfico. Acusó directamente a Trump de buscar un "cambio de régimen" en Venezuela y advirtió que está preparado para responder militarmente.

Maduro calificó el ataque como una "agresión estadounidense" y anunció un decreto que establece el estado de conmoción externa, otorgando al Ejecutivo poderes extraordinarios "en caso de una agresión extranjera". El anuncio se produce tras la reciente revelación de Trump de que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, lo que alimentó las sospechas de un posible intento de desestabilización.

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