Las penas irían de seis a 16 años de prisión, con agravantes para funcionarios, migrantes o delitos cometidos desde cárceles.

La presidenta busca que la extorsión se investigue de oficio y se homologue el tipo penal en todo el país
La presidenta busca que la extorsión se investigue de oficio y se homologue el tipo penal en todo el país Créditos: Especial

En un nuevo intento por frenar uno de los delitos que más afecta a la población, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas conocido como Leyes contra la Extorsión, que busca endurecer las penas y establecer un marco legal uniforme en todo el país.

Durante la conferencia matutina del 17 de octubre, la mandataria federal explicó que la propuesta pretende fortalecer la prevención, investigación y sanción de las prácticas extorsivas, las cuales han ido en aumento en los últimos años.

De acuerdo con Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, la iniciativa complementa la reforma constitucional publicada el 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, que faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de extorsión. Esto permitirá que el delito se persiga bajo los mismos criterios, sin importar la entidad donde ocurra.

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Leyes contra la Extorsión para establecer penas homogéneas.  Créditos: Especial

Va por penas más severas y agravantes 

Las reformas contemplan ajustes al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de armonizar los mecanismos de persecución y sanción.

Uno de los ejes centrales es la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para evitar vacíos legales y garantizar que la extorsión sea perseguida de oficio, sin necesidad de denuncia previa. Además, se busca que el delito cuente con los mismos elementos jurídicos en todas las entidades.

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La iniciativa plantea penas de 6 a 16 años de prisión para quienes cometan extorsión. Créditos: Especial

El proyecto establece penas de seis a 16 años de prisión, que podrán incrementarse si el delito se comete mediante cobro de piso, si involucra a servidores públicos, si las víctimas son migrantes o menores de edad, o si se realiza desde centros penitenciarios.

Asimismo, la extorsión será considerada susceptible de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado confiscar los bienes obtenidos de manera ilícita.

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Estrategia nacional y denuncias al 089

La consejera Ernestina Godoy recordó que el gobierno federal lanzó en julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión, basada en cinco ejes: investigación e inteligencia, creación de unidades locales antiextorsión, atención a víctimas, capacitación de operadores del 089 y una campaña nacional de prevención.

El número 089 se mantiene como una herramienta clave de denuncia anónima. "Es un canal seguro y confidencial para las víctimas. La denuncia es fundamental para actuar contra las redes de extorsión", subrayó Godoy Ramos.

Desde el inicio de la estrategia, se han recibido en promedio 647 llamadas diarias y se han abierto 1,986 carpetas de investigación relacionadas con este delito.

Un delito en expansión

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los casos de extorsión han ido en aumento desde 2021. La administración federal considera urgente endurecer el marco legal y fortalecer la cooperación institucional para contener su expansión.

Con esta iniciativa, el gobierno de Sheinbaum busca no solo castigar con mayor rigor a los responsables, sino también blindar a la ciudadanía y al sector productivo frente a uno de los delitos más extendidos en el país.


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