- 15 de octubre de 2025
La reforma a la Ley de Amparo limita los amparos contra créditos fiscales firmes, lo que podría afectar directamente al empresario y su estrategia legal frente al SAT.

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso, ha desatado una ola de reacciones. El Gobierno sostiene que busca "agilizar la justicia y evitar abusos", pero analistas y juristas sospechan que la medida tiene un destinatario claro: Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más enfrentados con la administración federal.
Zaldívar defiende la reforma: "no se limita el acceso al amparo"
El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, reapareció el pasado 10 de octubre junto a la consejera jurídica Ernestina Godoy para defender la iniciativa, asegurando que no restringe el acceso al amparo, sino que busca hacerlo más eficaz y menos manipulable por grandes corporaciones.
"Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo; lo que buscamos es que la justicia sea más rápida y eficaz", afirmó Zaldívar.

La propuesta redefine el concepto de interés legítimo, clave para presentar demandas colectivas, y establece que los amparos no podrán suspender actos fiscales firmes, salvo que el contribuyente garantice el pago mediante depósitos o cartas de crédito.
Con esta modificación, se cerraría una de las rutas legales más utilizadas por empresas y particulares para detener indefinidamente el cobro de créditos fiscales, incluso cuando ya existe una sentencia definitiva en su contra.
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Un golpe directo a los deudores fiscales
Zaldívar explicó que el objetivo de la reforma es acabar con el abuso de empresarios que utilizan amparos y recursos administrativos para alargar los litigios y evadir el pago de impuestos.
"Cada paso va alargando el procedimiento. Lo que se propone es que solo el acto final sea recurrible", señaló el exministro.
En ese contexto, el caso de Salinas Pliego resulta inevitable. El empresario mantiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, según estimaciones oficiales, supera los 30 mil millones de pesos. Durante años, ha interpuesto múltiples amparos que han permitido congelar los cobros mientras los casos avanzan lentamente en los tribunales.
De aprobarse la reforma, esa estrategia quedaría sin efecto: el empresario tendría que garantizar el pago o enfrentarse al embargo inmediato de bienes, sin posibilidad de frenar las órdenes judiciales con suspensiones provisionales.

¿Una iniciativa de doble filo?
Más allá de su justificación jurídica, analistas consideran que la medida envía un mensaje político. En los últimos meses, Salinas Pliego ha intensificado sus críticas contra el Gobierno y la presidenta Sheinbaum, acusándolos de "perseguir empresarios" y de "usar al SAT con fines políticos".
Incluso ha insinuado públicamente que podría buscar la presidencia en 2030, lo que ha sido interpretado como un desafío directo al poder federal. La reforma, en ese sentido, pone fin a la era de los "amparos eternos", una práctica que durante años permitió a grandes corporativos eludir responsabilidades fiscales. Pero también refuerza la narrativa oficial de un gobierno que promete "acabar con los privilegios de las élites económicas".
El trasfondo jurídico y la posición del Gobierno
De acuerdo con la consejera jurídica Ernestina Godoy, la iniciativa busca garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones sin evadir al fisco mediante suspensiones indefinidas.
"Quien quiera obtener una suspensión deberá garantizar el interés fiscal con un billete de depósito o una carta de crédito. De lo contrario, se procederá al remate o embargo de bienes", explicó.
Sin embargo, juristas y organizaciones civiles advierten que la medida podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa ciudadana frente a abusos de autoridad, pues el amparo no solo protege a empresarios, sino también a ciudadanos comunes frente a actos arbitrarios del Estado.

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