TENÍA ACUSACIONES POR CORRUPCIÓN
Remueven a Rosendo Gómez Piedra, fiscal de caso Ayotzinapa que dijo que buscaban "cadáveres" de los 43 normalistas
Ante denuncias por corrupción y presión de familiares de víctimas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Gómez Piedra dejó el cargo como fiscal del caso.
Rosendo Gómez Piedra fue removido de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) después de más de dos años al frente de una de las investigaciones más sensibles de la historia reciente en México. Su salida ocurre tras declaraciones que indignaron a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y múltiples denuncias internas por corrupción y abuso de autoridad.
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En mayo de este año, Gómez Piedra declaró que las acciones de búsqueda estaban enfocadas en encontrar cadáveres:
"Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres".
Esta afirmación generó fuerte indignación entre los familiares de los estudiantes, quienes consideraron que la Fiscalía abandonaba públicamente la esperanza de encontrarlos con vida.
Presión directa a Sheinbaum para su destitución
La reacción fue inmediata. Los padres y madres solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución del fiscal. Melitón Ortega, vocero de los familiares, expresó:
"Nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal", añadiendo que la confianza estaba "totalmente perdida".
La remoción se hizo oficial el 15 de julio, cuando fuentes federales confirmaron que Mauricio Pazarán, exfiscal territorial en Xochimilco y cercano a la exfiscal Ernestina Godoy Ramos, asumiría la coordinación de la UEILCA. La presidenta Sheinbaum lo presentó formalmente como encargado de la investigación en una reunión con los familiares el pasado 27 de mayo.
Acusaciones por corrupción y abuso de poder
La gestión de Gómez Piedra estuvo marcada por severas críticas. Agentes adscritos a la unidad lo denunciaron formalmente el 28 de abril ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR). Las acusaciones incluyeron peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.
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Se le acusó de utilizar recursos oficiales para fines personales, como asignar vehículos para recados familiares y designar a un funcionario como chofer de su esposa.
Una de las acusaciones más graves fue el uso indebido de recursos públicos: recibió cajas con dinero en efectivo en presencia de su equipo y obligó a sus subordinados a participar en actividades ajenas a sus funciones, como concursos de disfraces y concursos literarios con cuotas obligatorias.
Fotografías reveladas por el medio Milenio mostraron a Gómez Piedra disfrazado durante una pasarela organizada en la Fiscalía, en pleno periodo de preparación para una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que no asistió ningún representante del Estado mexicano, lo cual fue duramente criticado.
Nuevo fiscal, nuevas expectativas
Con la llegada de Pazarán, el gobierno federal pretende dar un giro a la investigación. Según fuentes oficiales, se priorizará el acceso a información de inteligencia militar y se reforzarán las labores de búsqueda con enfoque científico, en respuesta a la demanda de las familias por justicia y verdad.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, indicó que la instrucción de Sheinbaum fue clara: un nuevo enfoque con base en evidencia objetiva, ante la preocupación de que los testimonios existentes sean contradictorios y poco fiables.
El próximo encuentro entre autoridades y familiares está programado para finales de julio. En esa reunión se revisarán avances sobre los más de 800 expedientes militares pendientes y se evaluará si la nueva conducción cumple con las exigencias de transparencia, rendición de cuentas y justicia a casi once años de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.
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