Fiscal del caso Ayotzinapa admite que buscan "cadáveres" de los 43 normalistas; padres exigen su destitución

En el décimo primer año desde la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso vive uno de sus momentos más tensos. Por primera vez, una autoridad federal reconoció públicamente que la búsqueda estaría centrada en hallar sus "cadáveres". La frase no fue un desliz: la dijo con todas sus letras el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, desatando una ola de indignación entre las familias.

"Buscando cadáveres": una frase que marca un antes y un después

El comentario del fiscal ocurrió previo a una reunión crucial entre los padres de los estudiantes y la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este martes 27 de mayo. Frente a medios nacionales, Gómez Piedra declaró:

"Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres".

Consultado sobre si han localizado a los jóvenes, su respuesta no hizo más que reforzar el malestar:

"Bueno es que los avances son esos. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan".

Padres exigen su salida inmediata

Para las familias, esas palabras cruzaron una línea. "Con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar en eso", declaró Melitón Ortega, vocero del colectivo. Aseguró que la primera exigencia puesta sobre la mesa con Sheinbaum fue la destitución de Rosendo Gómez Piedra, a quien también señalan por presunta corrupción e ineficacia.

"Nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal", reclamó Ortega.

La presidenta no confirmó su remoción, pero sí se comprometió a revisar la petición. De forma paralela, se presentó a Mauricio Pazarán como nuevo Coordinador General de Investigación adscrito a la UEILCA. Desde inicios de mayo, según fuentes de la propia unidad, la oficina de Gómez Piedra permanece vacía.

Denuncias por peculado, cohecho y abuso de autoridad

Las acusaciones no se quedan en la indignación pública. El 28 de abril, Ricardo Domínguez Mora, integrante de la propia unidad especial, interpuso una denuncia formal contra el fiscal ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría Anticorrupción y la Presidencia. Los cargos: peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.

Pero no es la única afrenta que acumula. También se le señala por acciones frívolaas, como haber organizado un desfile de disfraces por Día de Muertos en 2023, días antes de una audiencia ante la CIDH a la que ni siquiera asistió.

Durante la reunión en Palacio, ningún funcionario del gobierno federal salió en su defensa. Su aislamiento institucional parece tan evidente como su desgaste frente a las víctimas.

Nuevo rumbo: acceso a documentos militares y seguimiento en julio

En un intento por retomar el control político y simbólico del caso, la presidenta ordenó una "nueva mirada" en la investigación. El subsecretario Arturo Medina afirmó que el objetivo es usar tecnología avanzada y evidencia objetiva, dado que los testimonios de los detenidos "van cambiando de acuerdo a sus intereses".

También se planteó una nueva reunión para finales de julio, donde se espera dar seguimiento a compromisos claves, como el acceso a los 800 documentos de inteligencia militar que las familias han exigido desde el sexenio pasado.

Síguenos en WHATSAPP y suscríbete a nuestro NEWSLETTER para continuar siempre informado.

Para más noticias, no dudes en seguirnos en Google News y en nuestro canal de WhatsApp para recibir la mejor información. Te invitamos a suscribirte gratis a nuestro Newsletter.