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Muere Jonathan Maldonado, sobreviviente del caso Ayotzinapa, tras años de abandono institucional
El Colectivo Nacional de Sobrevivientes denunció que Maldonado, pieza clave para esclarecer el ataque a los 43 normalistas, murió en la invisibilidad institucional
Jonathan Maldonado Hernández sobrevivió a la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando un operativo coordinado entre fuerzas del Estado y el crimen organizado dejó como saldo 43 estudiantes desaparecidos, seis muertos y decenas de heridos.
Un balazo le destrozó varios dedos de la mano derecha. Esa herida no solo marcó su cuerpo: también fue la señal de una vida quebrada por el abandono institucional. Maldonado falleció el 6 de mayo de 2025 en un accidente automovilístico, pero su muerte —denuncia el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa— es en realidad "el resultado de años de omisión, negligencia y cinismo gubernamental".
Un testigo clave, una víctima invisible
A lo largo de más de una década, Maldonado no fue una figura pasiva. Su testimonio fue determinante para identificar y enjuiciar a policías, militares y miembros del crimen organizado implicados en la desaparición forzada de sus compañeros. Colaboró con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas.
Sin embargo, mientras su nombre figuraba en expedientes y audiencias, su vida cotidiana se deterioraba en silencio. Según el colectivo, nunca recibió atención médica adecuada ni rehabilitación física tras la mutilación. Tampoco se le brindó atención psicológica ni psiquiátrica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a pesar de haber sido diagnosticado con cuadros severos de depresión y ansiedad.
"¿Eso se merecen los sobrevivientes de Ayotzinapa?"
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a organismos de derechos humanos, el Colectivo cuestionó el trato que el Estado mexicano da a quienes han sobrevivido a violaciones graves de derechos humanos:
"¿Es así como México trata a sus víctimas de violaciones graves a derechos humanos? ¿Es ese un trato digno para familiares de quienes cargan en sus hombros la complejidad de un caso que no ve la luz desde hace más de 10 años? ¿Eso se merecen los sobrevivientes de Ayotzinapa que han contribuido desde la lucha social a la construcción de un México más justo y más humano? ¡Qué tienen que hacer los sobrevivientes de Ayotzinapa para que se les escuche? ¿Seguir muriendo?"
El comunicado también revela que en sus últimos días, Maldonado tuvo que ser internado en un hospital privado, pues "la ayuda de instituciones de salud pública fue inexistente". Aunque el gobierno federal prometió cubrir los gastos funerarios, al 12 de mayo esa promesa no se había cumplido.
La otra desaparición
La muerte de Maldonado ha reabierto un debate que muchos han querido cerrar: el de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa. Aunque solo tres jóvenes fueron asesinados esa noche y 43 continúan desaparecidos, decenas más fueron perseguidos, heridos, humillados y marcados física y emocionalmente. Su situación rara vez se menciona, sus nombres apenas aparecen en informes oficiales, y su existencia ha quedado en una especie de limbo jurídico y social.
"El profesor murió en el completo abandono por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento al caso, sumido en la desesperanza, luchando contra la depresión y ansiedad durante muchos años", señala el comunicado del colectivo. Y remata con una frase que duele tanto como la desaparición forzada:
"En realidad, siempre estuvo desaparecido para las autoridades y sus instituciones."
Más de una década sin justicia
Mientras los sobrevivientes cargan con el olvido, el caso Ayotzinapa sigue revelando capas de encubrimiento. Apenas este año fue detenida Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de haber destruido evidencia visual captada durante la noche del ataque. Los avances llegan tarde y fragmentados, mientras las víctimas directas —como Jonathan— enfrentan un sistema incapaz de garantizar lo mínimo: atención, reparación y respeto.
Su muerte, aunque accidental, es una sentencia contra el Estado mexicano. Una más en la larga lista que comenzó con 43 nombres y que ahora suma otra pérdida irreparable.
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