Pegasus en México: así habría operado el software espía durante el sexenio de Peña Nieto

El espionaje ilegal a través del software Pegasus ha sido una constante en México desde hace más de una década. Lo que comenzó como una herramienta de vigilancia exclusiva para gobiernos terminó convirtiéndose en un arma utilizada por autoridades mexicanas para monitorear de forma ilegal a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso empresarios.

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De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Pegasus es un malware altamente sofisticado creado por la empresa israelí NSO Group, diseñado para infiltrarse en teléfonos móviles y acceder a datos personales, ubicaciones, conversaciones e incluso activar la cámara o el micrófono sin que el usuario lo detecte. 

A lo largo de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pegasus fue adquirido y operado por diversas instancias del gobierno federal, incluyendo la extinta PGR, el CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última sin atribuciones legales para realizar tareas de inteligencia civil.

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¿Cómo funciona Pegasus?

El ataque comienza con un mensaje de texto que contiene un enlace malicioso disfrazado como una noticia, promoción o alerta. Al hacer clic, el teléfono queda infectado, otorgando control absoluto al atacante. Este nivel de acceso permite monitorear en tiempo real todo lo que hace la víctima en su dispositivo.

Uno de los episodios más documentados del uso de Pegasus ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En junio de 2017, organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC publicaron el informe Gobierno Espía, en el que se denunciaron al menos 76 intentos de infección con Pegasus entre 2015 y 2016.

Entre las víctimas figuraban integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), periodistas como Carlos Loret de Mola, integrantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Muchos de estos ataques coincidieron con la publicación de investigaciones sensibles, como las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, la represión en Atenco o el caso Ayotzinapa.

Millones de dólares destinados al espionaje

En 2021, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el gobierno de Peña Nieto pagó 32 millones de dólares por la adquisición de Pegasus a través de la empresa Tech Bull, intermediaria de NSO Group en México. La operación fue liderada por Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Nieto también indicó que las contrataciones de software espía se remontan al sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, adquirió un sistema de vigilancia llamado Nice Track.

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El espionaje continuó con AMLO

Contrario a la narrativa del expresidente López Obrador, quien aseguró que su gobierno no espiaba a nadie, en abril de 2025 Artículo 19 dio a conocer que al menos 456 personas fueron espiadas con Pegasus entre abril y mayo de 2019, los primeros meses del sexenio morenista.

La organización detalló que México fue el país con mayor número de personas vigiladas con Pegasus durante ese periodo, por encima de India y Baréin. Además, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper con el pacto de impunidad militar y abrir investigaciones imparciales que permitan sancionar estos abusos.

Empresarios también fueron espiados

En diciembre de 2023, una investigación de Aristegui Noticias reveló que empresarios de alto perfil como Carlos Slim y Germán Larrea, así como directivos de Televisa, fueron también víctimas de espionaje. Esta información provino de un testigo protegido en el caso contra un exejecutivo de la empresa que vendió Pegasus al gobierno mexicano.

Recientemente un medio israelí The Marker, reportó que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher pagaron aproximadamente 25 millones de dólares en sobornos a Enrique Peña Nieto para facilitar la venta del software en México. Las acusaciones, el reporte fue sustentado por documentos legales producto de una disputa entre los empresarios.

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