La presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo reabren el debate sobre el Fobaproa, el polémico rescate bancario de 1995 que aún pagan los mexicanos.

Diputados celebran la aprobación del Fobaproa.
Diputados celebran la aprobación del Fobaproa. Créditos: Cuartoscuro.

El reciente cruce de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo ha reactivado el debate público sobre uno de los episodios financieros más controvertidos de la historia moderna de México: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

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Sheinbaum habló sobre el Fobaproa.  Créditos: Cuartoscuro.

Creado en 1990 y utilizado como instrumento de rescate bancario en 1995, durante el gobierno de Zedillo, el Fobaproa convirtió deudas privadas en deuda pública, impactando directamente a generaciones de mexicanos. Hoy, casi 30 años después, el tema vuelve al centro del debate político nacional.

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¿Qué fue el Fobaproa?

En 1994, México enfrentó una grave crisis económica derivada de un déficit creciente, altas tasas de interés y una débil regulación bancaria. La devaluación del peso y el colapso de la cartera vencida provocaron una emergencia financiera que amenazó con la quiebra del sistema bancario.

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Las protestas afuera de la Cámara de Diputados tras la aprobación del Fobaproa.  Créditos: Cuartoscuro.

Ante esta situación, el gobierno de Zedillo autorizó el uso del Fobaproa para asumir la cartera vencida de los bancos. En 1998, el Congreso aprobó convertir más de 550 mil millones de pesos de pasivos del Fobaproa en deuda pública, pese a las críticas del entonces dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum: "No se puede hablar tan impunemente"

Durante su conferencia del Pueblo y luego de que el expresidente Ernesto Zedillo reapareció para criticar la democracia en México, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema al afirmar que el Fobaproa representó "autoritarismo económico" al priorizar a grandes empresarios sobre miles de familias endeudadas.

"Seguimos pagando esa deuda con recursos públicos. Muchas familias perdieron sus viviendas, negocios, y nadie los rescató", dijo Sheinbaum. La mandataria también cuestionó la legalidad y transparencia del proceso, señalando que se usaron influencias políticas para beneficiar a ciertos sectores.

Zedillo responde: "Que no incurra en falsedades"

El expresidente Ernesto Zedillo respondió en una carta pública donde defendió la decisión tomada durante su gobierno. "La presidenta está en su derecho de hablar del Fobaproa, pero debe hacerlo sin falsedades ni calumnias", escribió.

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El Fobaproa se aprobó en el sexenio de Ernesto Zedillo.  Créditos: Cuartoscuro.

Zedillo sugirió que, ante un escenario similar, Sheinbaum también tendría que tomar decisiones difíciles para evitar el colapso económico. Además, defendió que el rescate se hizo conforme a la ley para proteger los depósitos de millones de ahorradores.

¿Quiénes se beneficiaron del Fobaproa?

Aunque no todos los casos están documentados de forma concluyente, diversas investigaciones y declaraciones han señalado a empresarios que habrían recibido beneficios directos o indirectos del rescate bancario:

  • Carlos Cabal Peniche: Exdueño del Grupo Financiero Cremi-Unión. Huyó del país en 1994 y fue extraditado en 2001. En 2009 fue exonerado. Admitió haber financiado campañas del PRI con más de 20 millones de dólares.
  • Alfonso Romo: Exlíder del Grupo Pulsar. Fue mencionado por AMLO en su libro Fobaproa: expediente abierto, como beneficiario del Fobaproa. Pese a las críticas que hizo en su momento, Romo trabajó con López Obrador durante su sexenio. 
  • Martín Werner Wainfeld: Exsubsecretario de Hacienda y firmante de los pagarés del Fobaproa. Posteriormente se convirtió en socio de Goldman Sachs y accionista de Banca Mifel.
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AMLO fue uno de los principales políticos que denunció el Fobaproa.  Créditos: Cuartoscuro.

La Auditoría Superior de la Federación ha estimado que la deuda derivada del Fobaproa podría pagarse hasta 2042. A lo largo de estas décadas, los recursos públicos comprometidos han implicado recortes en sectores sociales y limitaciones presupuestales para programas públicos.

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