¿UN PROCESO LIMPIO?
Abogados de narcos y pasados turbios: los perfiles polémicos rumbo al Poder Judicial
Fernández Noroña, admitió fallas en los filtros para seleccionar jueces y magistrados, revelando la presencia de perfiles con vínculos con el crimen organizado y antecedentes de violencia sexual.
A pocas semanas de que millones de mexicanos acudan a las urnas para elegir a nuevos jueces y magistrados, un comentario sacudió el proceso, este vino del propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció públicamente que entre los candidatos se encuentran abogados ligados al narcotráfico y personas presuntamente señaladas de violencia sexual.
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Por consecuencia, la admisión de estos hechos ha mostrado banderas rojas sobre la integridad de los aspirantes y la transparencia del proceso de selección rumbo a una supuesta democrática e histórica elección judicial.
En un acto inesperado, Noroña, reconoció que las listas de candidatos al Poder Judicial incluyen perfiles altamente cuestionables. Entre ellos figuran algunos abogados que han defendido a integrantes del narcotráfico, como Miguel Treviño Morales, alias "El Z-40", y Eleazar Medina, alias "El Chelelo", ambos detenidos por autoridades estadounidenses y con larga trayectoria criminal.
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De acuerdo con su declaración, estos personajes lograron pasar los filtros iniciales pese a no cumplir con los requisitos constitucionales de probidad, lo que ha generado preocupación dentro y fuera del ámbito legislativo. "Sería un error garrafal permitir que un defensor de narcotraficantes o un juez con historial de liberar delincuentes llegue a ocupar una magistratura", sentenció Noroña.
El INE, bajo presión para limpiar el proceso
Noroña hizo un llamado directo al Instituto Nacional Electoral (INE) para que cancele las candidaturas de quienes no cumplan con los criterios mínimos establecidos por la Constitución, particularmente el de "buena reputación". En su opinión, no se debe esperar a que se realicen las elecciones para retirar estos registros, ya que hacerlo a posteriori podría afectar la legitimidad del proceso judicial más importante en décadas.
La elección judicial del próximo 1 de junio representa un gran momento en la historia del país. Se espera que más de 99.7 millones de mexicanos elijan a 881 funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces de primera instancia, magistrados de tribunales estatales y federales, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral, y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En total, se registraron 3 mil 422 candidaturas, cuyas campañas ya se encuentran en marcha desde el pasado 1 de abril y concluirán el 28 de mayo. Esta masiva elección se realiza en un contexto de alta polarización política y con crecientes señalamientos de presunta intervención del crimen organizado y del Poder Ejecutivo en la vida judicial del país.
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¿Omisión ante la selección?
La organización "Defensorxs" ha documentado públicamente varios casos que han encendido las alertas. Entre ellos destaca el del abogado Escamilla Villarreal, quien representó legalmente a líderes del cártel de Los Zetas y fue vinculado a procesos judiciales en Estados Unidos. Otro perfil controversial fue el de un aspirante presuntamente señalado de abuso sexual, cuya candidatura fue posteriormente retirada tras protestas ciudadanas.
Noroña señaló que la responsabilidad de la revisión de perfiles recayó tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial y Ejecutivo. Si bien la mayoría de los perfiles observados provienen del Poder Judicial, también se han detectado fallos en las listas generadas por los legisladores.
En medio de esta polémica, uno de los desafíos será recuperar la confianza ciudadana en el proceso. La exposición pública de estas fallas ha provocado indignación entre todos aquellos que están muy atentos al proceso electoral.
Con miles de cargos en disputa y millones de electores llamados a decidir, la elección judicial del 1 de junio se presenta como una prueba crítica para el Estado mexicano. La revelación de que algunos candidatos han sido abogados de narcotraficantes o cuentan con antecedentes penales va en contra de los principios de la base que pretende renovar cualquier sistema de justicia.
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