De las promesas a los petardos: ¿por qué rompieron los familiares de Ayotzinapa con el Gobierno de AMLO?

Lo que comenzó como una manifestación pacífica de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, terminó en una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. La tensión acumulada estalló en petardos lanzados por manifestantes encapuchados y pintas en las paredes, marcando un quiebre en la relación entre los familiares y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué motivó este giro drástico en la búsqueda de justicia para los jóvenes desaparecidos desde 2014?

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llevaron a cabo un plantón en el Zócalo capitalino para manifestarse frente a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de presionar al gobierno para que entregue los 800 folios faltantes en la investigación. Estos documentos contienen información crucial para el caso y su negativa por parte del ejército ha provocado la indignación de los afectados.

Uno de los puntos clave de la manifestación fue la demanda de un diálogo directo con el presidente López Obrador para reorientar la investigación, que ha estado plagada de confrontaciones y falta de avances significativos. Los familiares buscan un nuevo enfoque que pueda desbloquear el estancamiento en el caso y llevar a una resolución satisfactoria.

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La protesta se intensificó cuando los manifestantes bloquearon la avenida Bucareli, generando un enfrentamiento con las autoridades, la violencia estalló cuando individuos encapuchados lanzaron petardos y realizaron pintas en las instalaciones de la Segob, dejando en claro la frustración y la desesperación de los afectados.

El caso de los 43 normalistas desaparecidos ha sido un tema central durante el mandato de López Obrador, quien prometió resolverlo durante su campaña electoral en 2018. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las investigaciones realizadas, el caso sigue sin resolverse, lo que ha llevado a una creciente frustración entre los familiares.

La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció en 2022 que la desaparición de los normalistas fue un "crimen de Estado", en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento ha aumentado la presión sobre el Gobierno para que actúe con mayor determinación y transparencia en la búsqueda de justicia.

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A medida que la indignación y la frustración crecen entre los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, la necesidad de una respuesta contundente por parte del Gobierno se vuelve más urgente que nunca. La sociedad mexicana exige respuestas y acciones concretas para resolver este caso emblemático y garantizar que se haga justicia para las víctimas y sus familias.

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