- 12 de septiembre de 2024
Ocho militares vuelven a prisión procesados por delincuencia organizada tras declaraciones de testigos protegidos en el caso Ayotzinapa
La jueza Raquel Duarte ha ordenado el procesamiento y encarcelamiento de ocho militares bajo cargos de delincuencia organizada, en relación con el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. Esta decisión, basada en los testimonios de dos testigos protegidos, marca un nuevo capítulo en el convulso caso, convertido en un tema político de gran relevancia en México. La Fiscalía General de la República (FGR) logra una victoria momentánea en los tribunales, mientras los abogados de los militares impugnan la medida cautelar.
La acusación de la UEILCA, unidad especial de la FGR para el caso Ayotzinapa, se basa en la presunta colaboración de los militares con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsabilizado del ataque contra los estudiantes. Los soldados, que previamente habían sido liberados bajo fianza, estos enfrentan ahora la posibilidad de un nuevo juicio tras ser detenidos nuevamente el 1 de febrero. Sin embargo, el giro en el caso ha generado controversia, especialmente debido a las declaraciones contradictorias de los testigos protegidos.
Carla y Neto, dos testigos clave, han proporcionado testimonios que implican a los militares en el ataque. Sin embargo, sus declaraciones han suscitado sospechas sobre su veracidad, ya que en versiones anteriores nunca mencionaron a los ocho acusados. La rápida actuación de la UEILCA, respaldada por el fiscal cercano al presidente López Obrador, ha llevado a la reaprehensión de los militares en cuestión, alimentando las críticas sobre posibles presiones gubernamentales en el caso.
Las nuevas declaraciones de los testigos, que describen a los militares implicados con detalles específicos, contrastan con sus versiones previas. Este cambio en su testimonio, combinado con la falta de pruebas sólidas, ha generado dudas sobre la fiabilidad de su testimonio. Sin embargo, la decisión de la jueza de procesar a los militares por delincuencia organizada ha sido respaldada por la FGR, que busca demostrar avances en el caso Ayotzinapa.
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La situación se complica aún más debido al contexto político en el que se desarrolla el caso. El presidente López Obrador ha mostrado un interés particular en resolver el caso Ayotzinapa, considerándolo una de las heridas más grandes de su gobierno. Sin embargo, las críticas hacia su gestión han aumentado, especialmente por parte de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes acusan al gobierno de ocultar información relevante sobre el caso.
El proceso contra los militares se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en México. Mientras las autoridades buscan responsables por el ataque a los estudiantes, la sociedad exige transparencia y garantías de un proceso justo. La controversia en torno a las declaraciones de los testigos y la presunta influencia política en el caso plantean interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y la verdadera voluntad del gobierno de esclarecer la verdad sobre Ayotzinapa.
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