SCJN invalida primera parte del Plan B electoral de AMLO

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de dos leyes que forman parte de la primera parte del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a graves violaciones al procedimiento legislativo. 

Por una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal del país declaró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsadas por el presidente, eran inconstitucionales; las otras cuatro reformas que integran el Plan B de AMLO serán analizadas en una sesión futura

Los ministros que anunciaron los votos necesarios para invalidar el decreto de reforma fueron Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, la ministra presidenta Norma Piña y el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán.

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El Plenoa de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del año pasado, sólo con la oposición de  las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf.

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que fue respaldado por la mayoría de los ministros, se centró en la violación del proceso legislativo y señaló tres puntos en su resolución: en primer lugar, que la iniciativa aprobada por los legisladores no coincidía con la que había enviado el presidente López Obrador; en segundo lugar, que se resolvió como de urgente resolución sin ninguna justificación; y en tercer lugar, que no hubo discusión parlamentaria debido a que ni siquiera se conocía el proyecto.

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El Ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, expresó su desacuerdo con la primera parte del Plan B y argumentó que no hubo igualdad ni libertad para que los diputados pudieran debatir y mucho menos aprobar la reforma en el corto período de tiempo entre su publicación y votación.

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