- 11 de julio de 2025
Cinco hombres fueron linchados y quemados vivos por habitantes de Santa María de Jesús, en Guatemala.

Cinco hombres fueron asesinados entre la noche del jueves 10 y la madrugada del viernes 11 de julio en la comunidad de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, luego de ser acusados por habitantes del lugar de saquear viviendas evacuadas tras la cadena de sismos que azota a Guatemala desde el martes.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los pobladores se organizaron para vigilar su territorio tras denunciar múltiples robos. La comunidad permanece sin energía eléctrica ni agua potable, y muchas familias duermen en albergues o directamente en la calle debido a los daños estructurales provocados por los movimientos telúricos.

Los atraparon, los golpearon, los incendiaron
Durante una de las rondas vecinales, un grupo de hombres fue interceptado, señalado como presuntos saqueadores. La tensión se desbordó: los amarraron, los golpearon con piedras y palos, y finalmente les prendieron fuego. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que los cuerpos arden, rodeados por una multitud que impide el paso a las fuerzas de seguridad.
La Policía Nacional Civil confirmó que intentó intervenir, pero fue superada en número por los pobladores. La comunidad ejecutó el linchamiento en el acto, sin proceso legal ni posibilidad de defensa para los acusados.
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Sismos, crisis y vacío institucional
El presidente Bernardo Arévalo informó que ya suman siete muertos por los sismos, mientras que el Instituto Nacional de Sismología ha registrado más de 425 réplicas. Santa María de Jesús permanece aislada: sin luz, sin agua, sin comunicación y, ahora, sin ley.
En ese contexto, la desesperación escaló. Muchos habitantes acusan que los robos ocurrieron "en plena oscuridad", mientras intentaban dormir a la intemperie. Las patrullas vecinales surgieron como una estrategia improvisada ante la ausencia del Estado. Pero el hartazgo, el miedo y el abandono se mezclaron con violencia.

Organismos defensores de derechos humanos condenaron el acto. Reiteraron que la justicia por mano propia "no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluso en contextos de emergencia". El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación, aunque reconoció que será difícil obtener información en una comunidad que enfrenta condiciones precarias y donde reina el silencio colectivo.
Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas, ni se ha comprobado si efectivamente estaban involucradas en saqueos.
Tras los hechos, fuerzas de seguridad y el Ejército mantienen presencia en el área para evitar nuevos disturbios. Pero el clima sigue tenso. La comunidad, golpeada por la naturaleza y olvidada por las instituciones, parece dispuesta a imponer su propia ley mientras no haya otra que llegue.
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