ARMAS ILEGALES EN EE.UU.
¿Quién es "Chayo"? Operadora del CJNG acusada de traficar fentanilo
María del Rosario "N", también identificada como "Fernanda", fue detenida en Jalisco; enfrenta graves acusaciones en EE.UU. por tráfico de drogas y armamento de alto calibre.
María del Rosario "N", conocida como "Chayo" o "Fernanda", fue arrestada en Jalisco durante un operativo en el que también se incautaron armas de fuego, incluida una con acabado dorado. Esta mujer, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es señalada por autoridades estadounidenses como una pieza clave en el tráfico de fentanilo hacia su territorio y en la compra simulada de armas de alto poder.
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En una acción conjunta encabezada por fuerzas federales mexicanas, fue capturada en Jalisco. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la mujer fue detenida junto a un hombre durante un cateo, en el cual también se aseguraron varias armas de fuego, entre ellas una con diseño dorado.
María del Rosario no solo es investigada por autoridades mexicanas; también es requerida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde enfrenta diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas y armamento ilegal. Sus alias más frecuentes en los documentos judiciales son "Chayo" y "Fernanda".
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El nexo criminal con el tráfico de fentanilo
Investigaciones de agencias estadounidenses indican que desde septiembre de 2023, "Chayo" ha sido identificada como una operadora clave en el trasiego de fentanilo y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Su responsabilidad principal, según los expedientes, era coordinar el envío de estas sustancias utilizando intermediarios que facilitaban el cruce de cargamentos.
Uno de los principales colaboradores de María del Rosario habría sido Bryan Alexis Muñoz Castro, un ciudadano de El Paso, Texas. Este sujeto se declaró culpable ante una corte estadounidense por tráfico de armas y conspiración para distribuir metanfetamina, y habría sido el encargado de transportar las sustancias desde la frontera hacia el interior de EE.UU., en coordinación directa con "Chayo".
Durante el verano de 2023, agencias de seguridad interceptaron mensajes que revelaban un intento de adquisición de un lote de armas por parte de la operadora del CJNG. Se trataba de al menos 20 rifles AK-47 y dos rifles Barrett calibre .50 BMG, capaces de perforar vehículos blindados o incluso aeronaves ligeras. Esta compra no solo alarmó a las autoridades mexicanas, sino también a las estadounidenses, que aumentaron su vigilancia sobre los movimientos de la presunta operadora.
Además, en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, se señala que María del Rosario enfrenta formalmente cuatro cargos: dos por conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, uno por compra ficticia de armas de fuego y otro por tráfico de armamento.
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Compra ficticia de armas
Una de las acusaciones más particulares que enfrenta "Chayo" es la llamada "compra ficticia de armas". Este delito consiste en adquirir armamento utilizando a terceras personas —conocidas como "prestanombres" o testaferros— para ocultar la verdadera identidad del comprador. Según documentos de una corte estadounidense fechados en septiembre de 2024, la operadora habría utilizado este método de forma recurrente, y en al menos una ocasión contó con la participación de un expolicía mexicano que ya fue sentenciado por colaborar con el CJNG.
Esta técnica permitía que las armas llegaran a manos del crimen organizado sin dejar rastro directo hacia sus verdaderos destinatarios, dificultando así el seguimiento judicial por parte de las autoridades.
De ser extraditada a Estados Unidos, María del Rosario enfrentaría un complejo proceso legal. Según información del Departamento de Justicia, los delitos relacionados con el tráfico de drogas podrían llevarla a cumplir una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. En tanto, los cargos vinculados con el tráfico de armas conllevan penas de hasta 15 años de prisión.
La gravedad de las acusaciones y el contexto de la crisis de opioides que enfrenta Estados Unidos, especialmente por el aumento en el consumo de fentanilo, podrían endurecer aún más la postura del sistema judicial contra ella.
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