Fiscalía de Guerrero investiga reclutamiento forzado de jornaleros en Teuchitlán

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) inició una investigación para esclarecer la presunta desaparición de personas originarias del estado, quienes habrían sido trasladadas a laborar en campos agrícolas de Teuchitlán, Jalisco, relacionados con el Rancho Izaguirre. Esto ocurre tras la difusión de testimonios que señalan explotación laboral y privación de la libertad.

De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía lleva a cabo los primeros actos de investigación con el objetivo de determinar si existen elementos que confirmen la desaparición de trabajadores guerrerenses en el contexto de estas actividades laborales.

"El propósito de esta Fiscalía es obtener información fehaciente que permita esclarecer los hechos, siempre en apego al debido proceso y con el compromiso de velar por los derechos humanos de todas las personas involucradas", señala el documento.

La institución también destacó que, en el transcurso de las indagatorias, se buscará identificar a las personas afectadas en caso de confirmarse su vinculación con estos hechos.

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Acusan a autoridades de Chilpancingo

El caso cobró relevancia luego de que un hombre identificado como Roberto declarara en el noticiario de Azucena Uresti en Radio Fórmula que él y aproximadamente 70 personas fueron reclutadas en 2023, supuestamente por autoridades del Ayuntamiento de Chilpancingo, encabezado por Norma Otilia Hernández, bajo la promesa de obtener una visa H-2A y empleo en Estados Unidos.

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Según su testimonio, el grupo fue citado en oficinas del ayuntamiento y del área municipal de Relaciones Exteriores para entregar documentos oficiales. Sin embargo, en lugar de recibir capacitación en Guanajuato, como les habían prometido, fueron trasladados al Rancho Aguirre en Teuchitlán, Jalisco, en donde supuestamente habrían trabajado recolectando fresas.

"Nos dijeron que estaríamos ahí durante un año, que si hacíamos las cosas bien nos darían la visa. Todo cambió al llegar al lugar", afirmó Roberto. Explicó que fueron confinados en trailas, sin comunicación con el exterior y con restricciones de movilidad. También denunció que la alimentación era deficiente y que algunos trabajadores fueron golpeados por sujetos armados.

Roberto narró que, durante su estancia, presenció la irrupción de hombres encapuchados que sometieron a los supervisores. Algunos trabajadores lograron huir, mientras que otros permanecieron en el sitio. Finalmente, él consiguió escapar aprovechando una salida para comprar productos.

El testimonio de Roberto abre nuevas interrogantes sobre las actividades del Rancho Izaguirre y el verdadero alcance de los métodos de captación utilizados por el CJNG. Las autoridades continúan investigando.

Este testimonio difiere de los que han salido a la luz recientemente . La gran mayoría de testimonios coincide en que las personas eran reclutadas a través de ofertas laborales falsas . Una vez que la víctima acudía a la supuesta entrevista de trabajo, era transportada hasta el Rancho Izaguirre en donde comenzaría su entrenamiento para convertirse en sicario.

¿Qué dice el Ayuntamiento de Chilpancingo?

Ante las acusaciones, la alcaldesa Norma Otilia Hernández reconoció en redes sociales que su administración participó en programas de empleo en Jalisco y Guanajuato, aunque negó conocer las denuncias de abuso.

"Alguna vez nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Guerrero, y varios municipios del estado como Huitzuco, Iguala de la Independencia, Cocula, Chilpancingo, entre otros, fuimos convocados a firmar un convenio para llevar a cabo un programa llamado 'Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos' que estaría a cargo de la empresa Big Force Academy, que proponía un programa para la capacitación de jornaleros bajo la promesa de obtener la visa de trabajo H-2A, para trabajar en los Estados Unidos de América, lo cual vimos como una oportunidad para nuestros paisanos", escribió en su perfil de Facebook.

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Por su parte, el exdirector de Atención a Migrantes del municipio, Julio César Sandoval, confirmó que el ayuntamiento colaboró con la empresa estadounidense Big Force Academy, a través de la cual se enviaron 88 personas a trabajar en Estados Unidos entre 2023 y 2024.

"Hemos enviado personas a trabajar a Estados Unidos. Tengo listas con nombres, teléfonos y videos que demuestran que están bien. El nombre de Roberto no aparece en ningún listado", aseguró Sandoval en entrevista con Azucena Uresti. Agregó que 30 trabajadores ya cuentan con visa vigente y trabajan legalmente en campos agrícolas, mientras que el resto abandonó el programa voluntariamente.

El funcionario también señaló que los jornaleros estaban alojados en trailas, contaban con alimentación y estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). "Si fuera un reclutamiento criminal, no se tramitaría seguro social ni se registraría legalmente a las personas", argumentó.

Sandoval calificó las acusaciones como infundadas y las vinculó a intereses políticos, señalando que Norma Otilia Hernández podría ser candidata a la gubernatura de Guerrero.

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