Violencia en ascenso: el coche bomba en Coahuayana pone en jaque al Plan Michoacán

La explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana no sólo dejó un saldo letal y una comunidad devastada; también abrió una grieta incómoda en el discurso oficial sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

A días del ataque, las autoridades federales y estatales insisten en la prudencia, mientras los indicios técnicos, el contexto criminal de la región y los antecedentes violentos dibujan un escenario que va más allá de un hecho aislado.

Un atentado sin hipótesis concluyente

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hasta ahora no existe una línea definitiva sobre el móvil del ataque ocurrido el sábado en Coahuayana. El mandatario evitó vincularlo de forma directa con una reacción del crimen organizado frente al despliegue del Plan Michoacán y advirtió que hacerlo sería, por ahora, "especulación".

Subrayó que la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso debido al uso de explosivos. "Será la FGR quien dé los avances", dijo, recordando que un día después del atentado autoridades estatales ya habían presentado un primer informe sobre los indicios recabados.

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Ramírez Bedolla aseguró que el gobierno estatal se trasladó a la zona desde las primeras horas posteriores a la explosión, con un despliegue aéreo y terrestre reforzado: siete helicópteros —cinco de la Marina y dos estatales— además de personal de seguridad proveniente de la Estación Naval Avanzada del municipio.

Víctimas, daños y una escena de guerra

Aunque el gobernador calificó el hecho como "complejo" y "muy delicado", insistió en que no hubo víctimas civiles. El saldo confirmado es de seis personas fallecidas y siete lesionadas, entre policías comunitarios y los presuntos atacantes.

Los peritajes iniciales revelaron la magnitud del atentado: daños en aproximadamente 300 metros lineales en sentido horizontal y cerca de 59 metros de manera vertical. Al menos 12 vehículos resultaron afectados, varios de ellos totalmente destruidos, mientras viviendas y comercios cercanos registraron afectaciones estructurales.

La explosión ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando la camioneta se detuvo frente a la base comunitaria y detonó. El estruendo se escuchó en amplias zonas del municipio y provocó una rápida movilización de fuerzas federales, estatales y de emergencia.

El recorrido del coche bomba: de Colima a Coahuayana

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que la camioneta involucrada ingresó al estado proveniente de Colima la mañana del ataque. "Decirles que en las revisiones y seguimiento que se ha hecho por parte de esta institución es que esta camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba estos explosivos, ingresó proveniente del estado de Colima", señaló el fiscal Carlos Torres Piña.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el vehículo transitó por la carretera 200, cruzó el puente Coahuayana y pasó por comunidades como San Vicente antes de dirigirse a la cabecera municipal. "Alrededor de las 8:30 de la mañana sobre la Carretera 200, cruzando el puente Coahuayana, posteriormente ingresó a la comunidad de San Vicente... y posteriormente hacia Coahuayana", detalló el fiscal.

El Plan Michoacán bajo presión

Mientras la investigación avanza, el atentado ocurre a sólo unos cuantos días de que el gobierno federal presumiera resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum "está dando resultados" gracias al despliegue de más de 12 mil 500 elementos de fuerzas federales.

Entre los logros mencionó el aseguramiento de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios clandestinos, así como la instalación de una subsede estatal de la Unidad Antiextorsión. También reportó una disminución en los homicidios: de 111 en septiembre a 58 en noviembre, con descensos significativos en Morelia, Uruapan y Zamora.

"Este reforzamiento está funcionando y vamos a continuar reforzando la estrategia de seguridad de Michoacán", afirmó.

Sin embargo, el coche bomba en Coahuayana coloca esos avances bajo un escrutinio más severo, especialmente en regiones donde la disputa territorial sigue marcada por tácticas de alto impacto.

La reclasificación del delito y el mensaje político

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino públicamente para pedir claridad a la FGR sobre la decisión de reclasificar la investigación de terrorismo a delincuencia organizada. "Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también y todo tiene que ver (...) muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México", dijo.

Añadió que es indispensable conocer "qué pasó, cuál fue la causa, quiénes son los responsables y que la fiscalía haga su parte en la investigación". La mandataria confirmó que los peritajes y el análisis de cámaras continúan en la zona.

Coahuayana, territorio en disputa

Más allá de la narrativa oficial, especialistas en seguridad advierten que Coahuayana ocupa una posición estratégica en la pugna entre grupos criminales. El municipio funciona como un "embudo" que frena el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia la costa y la Sierra Madre del Sur, debido a la presencia de Cárteles Unidos.

"Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur... El municipio se ha convertido en una muralla que frena el avance de las tropas del CJNG en la zona", explicó el analista Saucedo.

Como respuesta a esa contención, el CJNG habría intensificado ataques con tácticas de narcoterrorismo: drones, minas terrestres y ahora coches bomba. "Los jaliscienses han reaccionado con ataques en contra de la policía comunitaria... colocando coches bomba y utilizando tácticas de narcoterrorismo", advirtió.

Autodefensas, cárteles y una frontera borrosa

El caso también revive la discusión sobre el papel de las policías comunitarias y grupos de autodefensa. Aunque se presentan como defensores de la población, investigaciones federales advierten que algunos podrían operar como brazos armados de mafias locales.

Desde 2014 se documenta la presencia de Héctor Zepeda Navarrete, "El Comandante Teto", hoy identificado como uno de los líderes de Cárteles Unidos en la región. Del lado contrario, el CJNG estaría encabezado por Luis Gabriel Cabrera Jiménez, alias "El Humilde".

"Aunque en la zona también se ha documentado la existencia de ´grupos de autodefensa´... es muy probable que estos en realidad sean células de sicarios de las mafias locales michoacanas", señaló Saucedo.

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