CASOS SIN RESOLVER
Gertz Manero deja la FGR: Estos son los pendientes que deberá afrontar quien lo releve
La renuncia de Gertz Manero deja a la Fiscalía con casos inconclusos, controversias abiertas y expedientes estancados que exigirán nuevas decisiones y cambios de fondo.
La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo marca el cierre de un periodo polémico; también abre una etapa en la que la institución estará obligada a revisar carpetas que, pese a su impacto nacional, han permanecido sin resolución o con avances mínimos. El funcionario, ratificado en 2019 por un periodo de nueve años, dejó el cargo con una carga política considerable.
La carta de renuncia llegó al Senado acompañada de la afirmación de que Gertz ocuparía una embajada, aunque sin especificar el destino. Con su salida, los reflectores se dirigen a quienes aspiren a ocupar la Fiscalía: deberán enfrentarse a expedientes que implican corrupción, violaciones graves a derechos humanos, presunto espionaje y uso faccioso de la ley.
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Los expedientes que más pesan: Odebrecht, Lozoya y la corrupción estructural
El caso Odebrecht fue uno de los más importantes que recibió la FGR. A pesar de la magnitud internacional del escándalo, la fiscalía no consiguió emitir sentencias firmes. La investigación contra Emilio Lozoya, detenido en España en 2020, apuntaba al presunto pago de sobornos por 10 millones de dólares.
Durante el proceso, la defensa denunció presiones de la fiscalía, asegurando que hubo intentos de obtener declaraciones forzadas. Se difundieron señalamientos de que personal bajo mando del fiscal habría incurrido en tortura psicológica, aunque un tribunal determinó en 2023 que no procedía obligar a la institución a investigarse a sí misma.
A esto se suma que, pese al tiempo transcurrido, la investigación por corrupción transnacional continúa sin resoluciones judiciales significativas. El nuevo fiscal tendrá la obligación de reactivar las líneas de investigación relacionadas con contratos de Pemex, presuntos desvíos y responsabilidades políticas que nunca se profundizaron.
Ayotzinapa: la mayor deuda del sistema de justicia mexicano
El caso Ayotzinapa representa uno de los mayores retos históricos para la Fiscalía. Lo recibido por el próximo titular es un expediente fragmentado, con mandos militares señalados pero no procesados y con denuncias de obstrucciones institucionales. La desaparición de los normalistas continúa sin esclarecerse pese a los años transcurridos, y la extinta PGR como la FGR han ofrecido resultados parciales o contradictorios.
Aunque el nuevo gobierno prometió retomar las investigaciones con métodos actualizados, las familias han advertido señales de estancamiento y riesgo de regresar a la llamada "verdad histórica". La salida de Gertz coloca nuevamente el foco sobre la necesidad de un proceso transparente, independiente y capaz de perseguir responsabilidades sin importar rangos.
Los casos Morán y Cuevas: el escándalo personal que alcanzó al fiscal
Durante la administración de Gertz, la FGR impulsó el proceso contra Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusándolas del presunto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal. De hecho, éste aseguró que ambas eran responsables de su muerte "por no cuidar de su salud", lo que llevó a que Cuevas fuera recluida en Santa Martha Acatitla.
La Suprema Corte intervino debido a las inconsistencias señaladas por la defensa y resolvió un amparo liso y llano que absolvió a ambas mujeres. Con esa resolución, la hija obtuvo su libertad inmediata.
Este caso reveló tensiones profundas sobre el uso del poder institucional con fines personales y dejó heridas en la credibilidad de la fiscalía, además de dudas sobre los límites del actuar de su titular.
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Israel Vallarta y el caso Wallace: tortura, montaje y sentencias caídas
La fiscalía enfrentó un duro golpe con la liberación de Israel Vallarta, quien pasó casi 20 años en prisión. La CNDH concluyó que hubo tortura y un montaje televisivo en su detención. A pesar de la liberación, la FGR anunció que apelaría.
La otra investigación relevante es el caso Wallace, donde la Suprema Corte ordenó la "inmediata y absoluta libertad" de Juana Hilda González, acusada injustamente bajo pruebas inconsistentes y una confesión obtenida bajo tortura. También se señaló la falta de diligencia para revisar denuncias sobre fabricación de culpables.
Los casos políticos que quedaron sin tocar: Adán Augusto, los hijos de AMLO y el patrimonio de Noroña
Entre los pendientes más sensibles se encuentran los expedientes relacionados con figuras políticas cercanas al poder. En 2025, la FGR recibió 37 denuncias contra Adán Augusto López por irregularidades detectadas durante su gestión como gobernador. No hubo diligencias ni citatorios. Las denuncias incluyeron señalamientos sobre empresas fantasma, contratos inflados y triangulaciones millonarias.
Igualmente, las peticiones de investigar a los hijos del expresidente López Obrador por posibles conflictos de interés en obras estratégicas no fueron atendidas. La respuesta institucional fue que "no hay elementos suficientes para proceder", pese a la documentación presentada por legisladores y auditorías oficiales.
Otro caso relevante es el del senador Gerardo Fernández Noroña, señalado por vuelos privados cuyo costo no se correspondía con sus ingresos. También se reportó una propiedad adquirida bajo condiciones poco claras. Ninguna de estas indagatorias avanzó durante la administración saliente.
La Estafa Maestra, Segalmex y el huachicol fiscal: redes de corrupción sin resolver
El nuevo fiscal recibirá expedientes vinculados a estructuras criminales de gran escala. La Estafa Maestra, donde se usaron universidades públicas y empresas fantasma para triangular recursos multimillonarios, no logró sentencias relevantes bajo el mando de Gertz. Otro caso es el desfalco en Segalmex, cuyos desvíos superan los 2 mil 700 millones de pesos. Pese a tener decenas de carpetas abiertas, la FGR no consiguió procesar a funcionarios de alto nivel.
El llamado huachicol fiscal es otra carpeta emblemática. Se detectaron redes que mezclaban crimen organizado, empresas y funcionarios aduanales para importar combustible disfrazado y evadir impuestos. La presidenta afirmó que existen carpetas que incluso incluyen empresas estadounidenses, pero la fiscalía no ha avanzado públicamente en ellas.
El caso "El Mayo" Zambada y la participación del Estado
El arresto de Ismael Zambada en 2024 estuvo rodeado de controversias. La FGR aseguró que se trató de un secuestro y exigió informes a Estados Unidos. El capo alegó ser traicionado por Joaquín Guzmán López, quien presuntamente lo entregó a las autoridades estadounidenses.
A nivel nacional, la carpeta también involucra al propio Guzmán López por presunta traición a la patria. Este caso se encuentra parcialmente fuera del alcance directo del Estado mexicano, pero la FGR tiene pendientes que coordinar con autoridades internacionales.
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Conacyt y otros casos que evidenciaron la crisis interna
Durante la gestión de Gertz, la FGR acusó a 31 científicos de cuatro delitos graves, entre ellos delincuencia organizada y lavado. Un juez desechó el caso por falta de delito. Este episodio fue interpretado como un intento de criminalizar a sectores académicos críticos y dejó dudas sobre los criterios utilizados para judicializar investigaciones.
La herencia que recibe el próximo fiscal
La renuncia de Gertz deja una institución con problemas estructurales: falta de autonomía, expedientes politizados y casos congelados. Quien ocupe el cargo enfrentará la tarea de reconstruir la credibilidad institucional y resolver acumulaciones históricas. La labor inmediata será despolitizar investigaciones, evitar presiones externas y transparentar la actuación interna en casos donde la fiscalía ha sido juez y parte.
La FGR necesita redefinir prioridades, reabrir investigaciones con rigor técnico y actuar con independencia frente a actores de alto poder político. La salida del fiscal no borra los problemas; sólo los expone. El siguiente titular deberá demostrar si la institución puede cambiar o si seguirá reproduciendo el modelo de impunidad que ha marcado a México durante décadas.
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