Once alcaldes asesinados en 13 meses: la violencia política no da tregua en México

En apenas trece meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, once alcaldes han sido asesinados en distintas entidades del país, una cifra que refleja la persistencia de la violencia criminal y la vulnerabilidad de las autoridades municipales.

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El caso más reciente, el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, ha encendido las alarmas nacionales y reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios locales.

De acuerdo con un recuento de Dossier22, los asesinatos de alcaldes comenzaron en octubre de 2024 y se concentraron principalmente en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, tres de los estados más golpeados por el crimen organizado.

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De Chilpancingo a Uruapan

El primer caso documentado en este periodo fue el de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien fue decapitado el 5 de octubre de 2024, presuntamente por negarse a colaborar con el cártel de Los Ardillos. Días después, el 15 de octubre, Román Ruíz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, Oaxaca, fue asesinado a puñaladas frente a su domicilio.

El 15 de diciembre de 2024, Jesús Eduardo Franco Lárraga, presidente municipal de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue emboscado junto con su secretario y dos escoltas en la carretera Valles–Tamazunchale. Las investigaciones apuntaron a un exalcalde como autor intelectual.

El 2025 inició con una nueva ola de ataques. El 15 de mayo, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue ejecutado por un comando armado cuando regresaba de las festividades locales. Pocos días después, el 2 de junio, Isaías Rojas Ramírez, edil de Metlatónoc, Guerrero, fue baleado durante un presunto asalto en carretera.

El 6 de junio, Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, fue asesinado a balazos por un hombre identificado como El Kiko, quien además le robó una bolsa con dinero. El mismo mes, el 15 de junio, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue ultimada dentro del Palacio Municipal; y dos días después, el 17 de junio, Martha Laura Mendoza Mendoza, edil de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada junto a su esposo.

La lista continuó el 21 de julio, cuando Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, Guerrero, fue abatido en su vehículo. El 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, edil de Pisaflores, Hidalgo, fue atacado frente a su casa. Finalmente, el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo, de Uruapan, se convirtió en la víctima número once.

Carlos Manzo

Conocido como el "Bukele mexicano" por su discurso de mano dura contra los grupos criminales, Manzo había denunciado reiteradamente la falta de apoyo federal y la escasa fuerza policial con la que contaba: apenas 14 agentes para proteger a todo el municipio. Fue asesinado durante el Festival de las Velas, tras recibir siete disparos.

Las primeras líneas de investigación apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que opera en la región de Tierra Caliente. Sheinbaum condenó el crimen y pidió una indagatoria a fondo.

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Regidores y exalcaldes, también bajo fuego

La violencia no se ha limitado a los alcaldes en funciones. El 6 de noviembre, Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada a tiros tras visitar a sus padres. Días antes había publicado en redes sociales mensajes en contra del asesinato de Manzo.

En Veracruz, el 5 de noviembre, fue hallado decapitado Lázaro Francisco Luría, exalcalde panista de Chinameca, en una zona rural del sur del estado. Versiones locales indican que había sido secuestrado y asesinado pese al pago de rescate.

En contraste, la Fiscalía de Michoacán informó que Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, fue localizado con vida tras ser reportado como desaparecido el 2 de noviembre.

De acuerdo con Integralia Consultores, entre octubre de 2024 y junio de 2025 se registraron más de 112 políticos asesinados y 200 incidentes de violencia política. El 79% ocurrió en el ámbito municipal, donde los funcionarios tienen menos protección y enfrentan directamente al crimen organizado.

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