OTRA DE MORENA
Hija de Álvarez-Buylla presume lujoso estudio de arte mientras su madre enfrenta denuncia por irregularidades en Conahcyt
Jimena García Álvarez-Buylla mostró su exclusivo taller en casa de la exdirectora del Conahcyt, justo cuando la ASF denunció por malos manejos del erario.
En plena controversia por presuntas irregularidades millonarias en su gestión al frente del Conahcyt, la exdirectora María Elena Álvarez-Buylla volvió a ser tendencia, esta vez por su hija, la artista Jimena García Álvarez-Buylla, quien presumió en una revista internacional un lujoso estudio de arte construido dentro de la propiedad familiar en Tlalpan, Ciudad de México.
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La publicación desató críticas por el contraste entre el discurso de austeridad promovido por la exfuncionaria y el ostentoso proyecto arquitectónico.
La polémica comenzó tras la difusión de un reportaje en la revista estadounidense Dwell, donde Jimena García mostró su nuevo estudio de arte, diseñado por la reconocida firma mexicana Estudio MMX. El espacio, edificado dentro del mismo terreno donde reside su madre, fue descrito como una "estructura geométrica de ladrillos color arena que se integra con la vegetación del Ajusco".
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Una entrevista en Dwell
Las imágenes del inmueble, de dos niveles y estética minimalista, circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre el lujo del proyecto y el discurso de austeridad republicana que caracterizó a la gestión de Álvarez-Buylla al frente del Conahcyt. La ola de comentarios negativos creció tanto que, poco después, la artista decidió eliminar su cuenta de Instagram.
La controversia estalló justo cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal contra la exdirectora del Conacyt por presuntas irregularidades detectadas durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
De acuerdo con la investigación de los auditores, se habría generado un daño al erario superior a 57 millones de pesos, relacionado con contratos sin documentación comprobatoria y servicios no acreditados.
Entre los hallazgos más relevantes, la ASF identificó pagos anticipados por 22.5 millones de pesos a la empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales S.A. de C.V., sin evidencia de la prestación de servicios de seguimiento técnico y financiero a los proyectos derivados de la extinción de fideicomisos institucionales. Además, se detectaron cinco contratos por un total de 35 millones de pesos con tres empresas distintas, NRGP, COFISAA y Soluciones Empresariales ZUVI, sin entregables válidos ni comprobantes de ejecución.
El informe técnico de la ASF señala que los archivos entregados por el Conahcyt como supuesta evidencia consistían únicamente en hojas de cálculo sin estructura, con datos duplicados e inconsistencias en fechas y montos. Los auditores concluyeron que la documentación no era confiable y que no existía certeza de que los servicios contratados se hubieran realizado.
La respuesta de Álvarez-Buylla a la demanda
Pese a ello, María Elena Álvarez-Buylla negó las acusaciones, argumentando que las observaciones de la ASF fueron atendidas y que los procedimientos internos derivaron en la renuncia del titular de Administración y Finanzas. No obstante, fuentes federales confirmaron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya inició una carpeta de investigación con base en la denuncia presentada.
Este es el primer caso en más de dos décadas en el que la ASF interpone una denuncia penal contra el Conahcyt, sumándose así a otros expedientes emblemáticos del sexenio anterior, como los de Segalmex y Conade, también denunciados por presunto uso indebido de recursos públicos.
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La controversia cobra mayor relevancia por el historial de la exfuncionaria. Durante su gestión, Álvarez-Buylla impulsó una cruzada contra lo que denominó "excesos y privilegios" en la comunidad científica, llegando incluso a denunciar penalmente a 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quienes acusó de desvío de recursos.
El proceso judicial contra los científicos, sin embargo, terminó en absolución definitiva en 2023, cuando un juez federal determinó que los hechos imputados no constituían delito y que el manejo de los fondos públicos estaba debidamente justificado.
Ahora, mientras su hija exhibe un proyecto arquitectónico de lujo, la exdirectora del Conahcyt enfrenta el escrutinio público y jurídico por presuntas irregularidades que contrastan con el discurso de transparencia y austeridad que defendió durante su administración.
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