- 28 de agosto de 2025
Tras la pelea en el Senado, Fernández Noroña denunció a Alejandro Moreno por lesiones y amenazas, lo que podría abrir un nuevo proceso de desafuero contra el priista.

La política mexicana volvió a mostrar su rostro más bronco. La tarde del miércoles, la antigua sede del Senado en Xicoténcatl fue escenario de un enfrentamiento físico entre Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, y Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI.
El episodio no solo dejó golpes y acusaciones cruzadas, sino que ahora escala hasta la Fiscalía General de la República (FGR), donde se prepara una denuncia que podría reabrir el camino hacia el desafuero del priista.
El zafarrancho en la tribuna
La gresca ocurrió en plena sesión de la Comisión Permanente, cuando se discutía la postura de México frente a la injerencia del ejército estadounidense. Durante el himno nacional, Alito Moreno irrumpió en el presídium para reclamar a Noroña que le negara la palabra. A su lado, se sumaron tres legisladores priistas que no forman parte de la Permanente: Carlos Gutiérrez Mancilla, Erubiel Alonso y Pablo Angulo.
Tras la entonación del himno, la tensión se desbordó. Según las grabaciones, Moreno sujetó del brazo a Noroña y lo empujó, mientras los priistas cerraban el paso al presidente del Senado. En medio del jaloneo, el camarógrafo Emiliano González intentó intervenir, pero fue derribado con golpes y patadas. El incidente terminó con gritos, manotazos y la salida apresurada del morenista del estrado.

Acusaciones cruzadas
Tras el altercado, las versiones no tardaron en chocar. Alejandro "Alito" Moreno aseguró que Gerardo Fernández Noroña fue quien inició la agresión al empujarlo y negarle el derecho de palabra en tribuna. En un mensaje con su bancada, lo llamó "cobarde" y "patán", y sostuvo que solo buscaba exigir una explicación sobre la decisión de levantar la sesión.
"Le dije que me diera la oportunidad de cumplimiento. ¿Qué hizo? Empujarme. Y ya le dije: ´es chiquito, hermano´. Por eso lo exhibimos como lo que es: un cobarde, salió corriendo", declaró el priista.
Moreno también trató de enmarcar su reacción como un acto en defensa de una legisladora priista a la que, según dijo, Noroña había faltado al respeto en el pleno. "Aquí en el Senado se les respeta, y si no lo educaron, aquí lo vamos a educar", afirmó, buscando darle un giro de reivindicación a la gresca.
Fernández Noroña, en contraste, sostuvo que fue víctima de una agresión planeada con antelación. En su versión, Moreno lo amenazó de muerte y contó con el respaldo de otros legisladores del PRI que, pese a no pertenecer a la Comisión Permanente, irrumpieron en el presídium para cerrarle el paso. "No fue un pleito espontáneo, fue un operativo.
Me dijeron: ´te voy a partir la madre, te voy a matar´. Ellos se colocaron estratégicamente para que no pudiera moverme, para que Alito me golpeara", denunció el morenista.
El senador también subrayó que lo sucedido trasciende un pleito personal: "Me golpearon en mi calidad de presidente de la Comisión Permanente, eso es lo grave. Nunca había ocurrido un hecho así en la historia legislativa del país".
De esta manera, mientras Moreno buscó presentarse como víctima de un atropello a su derecho parlamentario, Noroña insistió en que se trató de un ataque premeditado que no solo lo puso en riesgo a él y a su equipo, sino que representó una embestida política contra la investidura que ostenta.
La Fiscalía entra en escena
El enfrentamiento no se quedó solo en los empujones. Horas después, agentes del Ministerio Público (MP) llegaron directamente a la sede del Senado, en la Casona de Xicoténcatl, para recabar la denuncia de Gerardo Fernández Noroña y de su camarógrafo Emiliano González. El primero acusó lesiones y amenazas de muerte; el segundo, daño a la propiedad por la destrucción de su equipo fotográfico, valuado en varios miles de pesos.
La presencia de funcionarios ministeriales dentro del recinto legislativo generó un alud de críticas en redes sociales y entre especialistas en derecho, quienes señalaron un "trato privilegiado" hacia los senadores. Lo habitual es que los ciudadanos acudan a una agencia del MP para denunciar, no que los agentes se trasladen hasta sus oficinas. "Si hubiera sido cualquier ciudadano, no mandan al Ministerio Público a su casa", reclamaron usuarios en redes, acusando un doble rasero en la impartición de justicia.

El propio Noroña justificó la decisión, argumentando que se trataba de una agresión cometida dentro de un órgano de Estado y que, por tanto, correspondía levantar el acta en ese mismo lugar. Sin embargo, críticos de la medida vieron en la diligencia un símbolo de la desigualdad de acceso a la justicia en México.
La Fiscalía, por su parte, no ofreció mayores detalles sobre el procedimiento, aunque trascendió que tanto Noroña como González ratificarán su denuncia en los próximos días. Con ello, la trifulca en la tribuna pasó oficialmente a convertirse en un caso penal, abriendo la puerta a la solicitud de desafuero contra Moreno y los legisladores que participaron en el altercado.
Alito Moreno y su camino al desafuero
El choque político tendrá una segunda vida en los tribunales. Noroña anunció que pedirá el desafuero de Alejandro Moreno y de los diputados priistas involucrados en la trifulca. "Cometieron presuntos ilícitos, la Fiscalía deberá solicitar el desafuero y, cuando eso suceda, procederemos", dijo el presidente del Senado.
De concretarse, este sería el segundo intento de desafuero contra Alito Moreno. El primero se encuentra en la Cámara de Diputados, donde la Fiscalía Anticorrupción de Campeche lo acusa de desviar más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
Las investigaciones incluyen pagos simulados a prestanombres, contratos irregulares con empresas ajenas a sus giros y beneficios a medios de comunicación locales. Todo esto mantiene al líder priista bajo una presión judicial que ahora se ve reforzada con la denuncia por la pelea en el Senado.

Una batalla política sin precedentes
La Mesa Directiva del Senado convocó a sesión extraordinaria para el viernes 29 de agosto, donde se discutirá el altercado y las denuncias derivadas. Lo que en un inicio fue un zafarrancho de pasillo amenaza con convertirse en un nuevo capítulo judicial que pondrá a prueba las instituciones legislativas y judiciales.
De confirmarse la solicitud de desafuero, Alito Moreno no solo enfrentaría acusaciones de corrupción en Campeche, sino también cargos por agresión en pleno Senado. La pelea, más que un incidente aislado, podría marcar un antes y un después en la vida política de ambos legisladores y reavivar la batalla por el control de la narrativa en vísperas de un reacomodo político nacional.
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