Una corte en Miami ordena a Genaro García Luna y su esposa pagar alrededor de 47 mil millones de pesos (2,400 mdd) por desvío de recursos y lavado en contratos del gobierno mexicano.

Genaro García Luna y su esposa desviaron y lavaron dinero público.
Genaro García Luna y su esposa desviaron y lavaron dinero público. Créditos: X.

Una corte civil en Miami dictó sentencia en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa Linda Cristina Pereyra, por su participación en un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero con recursos del gobierno mexicano.

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Sentencia millonaria

El fallo civil ordena a García Luna pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa deberá cubrir 1,740 millones, sumando un total de 2,488 millones de dólares por daños y enriquecimiento ilícito, lo que equivale a alrededor de 47 mil millones de pesos.

La sentencia fue revelada por la periodista Peniley Ramírez, quien ha investigado el caso durante años y publicó sus hallazgos en el libro Los Millonarios de la Guerra. En entrevista, Ramírez señaló que el esquema involucró la firma de contratos fraudulentos con dependencias mexicanas, cuyos recursos fueron posteriormente lavados en Estados Unidos, particularmente en Miami.

"Este es el dinero que ambos miembros de este matrimonio van a tener que pagar. Es lo que se considera que robaron al Gobierno mexicano junto con otros conspiradores", explicó la periodista.

"Se hicieron contratos con el gobierno mexicano y buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami, eso es lo que yo he investigado todos estos años y publiqué en mi libro y en este momento la corte lo está confirmando", dijo Peneley a Azucena Uresti.

Especial.
García Luna se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Créditos: Especial.

México busca recuperar millones desviados

Desde 2021, el Gobierno de México emprendió una estrategia legal sin precedentes para intentar recuperar el dinero público presuntamente desviado por Genaro García Luna y su red de colaboradores. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez, presentó el 21 de noviembre de 2021 una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, con el objetivo de recuperar más de 650 millones de dólares vinculados a contratos irregulares firmados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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Según la UIF, estos fondos habrían sido sustraídos del erario mexicano mediante un complejo esquema de contrataciones fraudulentas, utilizando como intermediarios a empresas ligadas directamente al exsecretario de Seguridad Pública y a sus socios más cercanos. Las investigaciones revelaron que más de 30 contratos fueron celebrados entre dependencias gubernamentales y un conglomerado empresarial conocido como el Grupo Weinberg.

Los contratos cuestionados fueron firmados por instituciones clave como el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), la Policía Federal, y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por un monto superior a los 288 mil 600 millones de pesos mexicanos. Dichos recursos fueron transferidos a cuentas y bienes en Estados Unidos, en especial en el estado de Florida, a través de una red de lavado de dinero.

Entre los señalados en la demanda se encuentran Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, así como los empresarios Mauricio Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, y Jonatan Alexis Weinberg Pinto, quienes presuntamente operaron como cómplices financieros dentro del entramado de corrupción.

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Entre los señalados en la demanda se encuentran Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra y algunos empresarios. Créditos: X.

El gobierno mexicano busca, además de una reparación del daño, la recuperación de bienes inmuebles y activos financieros adquiridos con estos fondos, entre ellos propiedades de lujo localizadas en Miami. La corte estadounidense ha dado luz verde para que el proceso continúe, incluso en ausencia de los demandados, quienes no se han presentado a comparecer, lo cual ha sido interpretado por los abogados mexicanos como una admisión tácita de culpabilidad.

Este proceso civil se suma a la condena penal ya dictada en Nueva York, y forma parte del esfuerzo del Estado mexicano por combatir la impunidad y recuperar los recursos públicos saqueados durante años de corrupción institucionalizada.

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