Ley de Telecomunicaciones: ¿El artículo 109 permite censura digital?

El artículo 109, aprobado en comisiones del Senado dentro de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, ha generado controversia debido a que este fragmento abre la puerta a que el gobierno mexicano, a través de una agencia estatal, pueda ordenar el bloqueo de plataformas digitales. Morena defiende la iniciativa como una regulación legítima en favor del interés público.

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La reciente aprobación en comisiones del Senado de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha encendido un fuerte debate entre partidos políticos yespecialistas en libertad de expresión. Uno de los puntos más polémicos es el artículo 109, el cual, según la oposición, otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la capacidad de bloquear temporalmente plataformas digitales, redes sociales y servicios de comunicación en línea.

Esta medida fue impulsada luego de que se transmitiera en cadenas de televisión mexicanas un spot antiinmigrante proveniente de Estados Unidos, lo que motivó a Morena a promover restricciones a la difusión de propaganda extranjera. Sin embargo, el alcance de la reforma va más allá de la televisión: incluye a internet, redes sociales y plataformas de contenido digital, lo cual ha generado preocupación por una posible vulneración a la libertad de expresión en México.

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¿Qué dice exactamente el artículo 109?

Dentro del Capítulo VIII de la nueva Ley, el artículo 109 estipula que:

"Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia [ATDT] para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables".

Además, se precisa que será la propia ATDT la responsable de emitir los lineamientos bajo los cuales se determinará si procede o no el bloqueo de una plataforma. Esta redacción, vaga para algunos, ha sido calificada como una "puerta abierta a la censura digital".

Acusaciones de censura

Senadores de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alzaron la voz contra lo que consideraron una amenaza directa a las libertades digitales. Ricardo Anaya, senador y líder del PAN, fue tajante en su crítica:

"El gobierno tiene una obsesión por controlar los medios y las redes sociales. Este artículo 109 les da el poder de decidir qué sí y qué no puede difundirse. Es una ´Ley Censura´ disfrazada de regulación técnica".

Otros legisladores coincidieron en que otorgar a una agencia gubernamental la facultad de bloquear plataformas, sin intervención judicial previa o reglas claras, vulnera el derecho a la libre manifestación de ideas y abre el camino a decisiones arbitrarias o incluso con fines políticos.

La postura de Morena: regular sin censurar

Ante las crecientes críticas, Sheinbaum salió a defender el contenido de la ley. En conferencia, negó rotundamente que se trate de una herramienta de censura, y aseguró que el objetivo es regular la operación de plataformas digitales en temas relacionados con seguridad nacional, evasión fiscal o violaciones a leyes mexicanas.

"La agencia tiene atribución para avisarle a una plataforma sobre un posible incumplimiento, pero no se trata del contenido, ni mucho menos de censura. Jamás sería nuestra intención limitar la libertad de expresión; siempre hemos estado en contra de eso", afirmó Sheinbaum.

No obstante, reconoció que el artículo 109 podría generar confusión, por lo que propuso realizar ajustes en su redacción para evitar malas interpretaciones.

"Es una regulación necesaria para el entorno digital, pero entiendo que se deben precisar los límites. Lo vamos a revisar con mucho cuidado", añadió.

¿Qué es la ATDT y qué funciones tendrá?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) es un nuevo organismo federal previsto en la reforma. Entre sus atribuciones se encuentran:

• Emitir lineamientos para la operación de plataformas digitales en México.
• Colaborar con autoridades judiciales y administrativas en temas de regulación tecnológica.
• Promover estándares de interoperabilidad, seguridad digital y protección de datos.
• Coordinar acciones en materia de transformación digital del sector público.

En ese contexto, el artículo 109 le otorga un papel clave en el bloqueo temporal de servicios digitales, lo que ha llevado a expertos a cuestionar si esta agencia contará con autonomía real o será instrumento del Ejecutivo federal.

Riesgos legales y constitucionales

Organizaciones civiles como Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Fundar han alertado sobre las implicaciones legales de la reforma, señalando que no se establece con claridad qué tipo de faltas justificarían un bloqueo, ni se incluye la participación obligatoria de un juez en el proceso.

"Sin un control judicial previo, cualquier autoridad administrativa podría actuar con discrecionalidad. Es un riesgo serio para los derechos digitales en México", advierte Luis Fernando García, director de R3D.

A esto se suma la ambigüedad en el lenguaje legal, ya que frases como "cuando sea procedente" o "por incumplimiento de disposiciones" dejan espacio para interpretaciones amplias y subjetivas.

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Aunque la reforma ya fue aprobada en comisiones del Senado, todavía debe pasar al Pleno del Senado y posteriormente a la Cámara de Diputados. La presión de la opinión pública, medios de comunicación y organizaciones civiles será clave para determinar si el polémico artículo 109 sufre modificaciones.

Morena, que mantiene mayoría en ambas cámaras, ha mostrado apertura para hacer cambios en la redacción, especialmente si se logra consenso con sectores técnicos y jurídicos.

Sheinbaum ha insistido en que la ley no busca intervenir en el contenido ni silenciar a los ciudadanos, sino establecer reglas claras para plataformas que operan en el país.

"No se trata de limitar la voz del pueblo, sino de garantizar que todos cumplan las leyes", puntualizó.

El artículo 109, lejos de ser un detalle técnico, se ha convertido en una controversia que interpela directamente al derecho fundamental de los mexicanos a expresarse libremente, informarse y participar en la esfera pública sin temor a bloqueos o silenciamientos arbitrarios.

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