Elección judicial: Senado barre con aspirantes a jueces ligados al narco

La elección del próximo 1 de junio marcará un parteaguas en la historia política de México: por primera vez, los jueces federales, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte serán elegidos por voto popular. Morena, impulsora de esta transformación, enfrenta ahora un desafío mayúsculo que amenaza con ensombrecer el proceso: la presencia de aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque el discurso oficial ha sido de entusiasmo ante lo que consideran una sacudida al viejo orden judicial, el tema de las candidaturas cuestionables ha encendido las alertas dentro y fuera del Congreso. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles que cualquier caso en el que haya indicios de relaciones con la delincuencia sea denunciado, investigado y resuelto antes de la elección.

La mandataria aclaró que deben retirarse aquellas candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos por la Constitución, especialmente en lo relativo a la probidad. El llamado ocurre luego de que Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, advirtiera que se han detectado perfiles que "no deberían participar" por estar ligados a redes del narcotráfico.

"Algunos defensores de narcotraficantes están queriendo acceder. No cumplen con la exigencia constitucional de probidad", declaró Noroña, señalando que muchos de esos nombres fueron propuestos desde el mismo Poder Judicial.

Sheinbaum y Noroña piden limpiar la contienda judicial de junio

Aunque ni Sheinbaum ni Noroña han mencionado nombres, en los pasillos del Congreso y en redes sociales circulan dos casos que han llamado especialmente la atención: Silvia Delgado, quien formó parte del equipo legal de Joaquín "El Chapo" Guzmán y hoy busca ser jueza penal en Chihuahua, y Fernando Escamilla, exdefensor del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z-40".

La organización civil Defensorxs ha identificado al menos 13 candidaturas de "alto riesgo". Entre ellas se incluyen perfiles acusados de acoso, antiguos funcionarios relacionados con desapariciones forzadas y muertes en cárceles, así como personas vinculadas a la Iglesia de La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado por abuso de menores en Estados Unidos.

De acuerdo con Defensorxs, estas candidaturas pasaron por los filtros establecidos por los tres poderes del Estado, aunque el Legislativo —con mayoría oficialista— fue señalado como el más permisivo. A pesar del escándalo, tanto Sheinbaum como Noroña han insistido en evitar una cacería de brujas y en depurar el proceso sin escalar la tensión política.

Mientras tanto, la campaña judicial continúa en marcha. Candidatos y candidatas intentan posicionar sus nombres ante una ciudadanía poco acostumbrada a elegir jueces. La reforma que prometía devolver el poder al pueblo enfrenta ahora su primera prueba: garantizar que ese poder no termine en manos equivocadas.

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