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Empresarios gasolineros denuncian red de extorsión y moches en la Profeco
La red de extorsión y moches supuestamente ha sido organizada por funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y se estima que ha involucrado entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos.
Empresarios dedicados a la venta de gasolina en México han hecho una denuncia pública sobre una extensa red de "derecho de piso" y "moches", informó el periodista Jorge Fernández Méndez de ADN 40. Esta red supuestamente ha sido organizada por funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y se estima que ha involucrado entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos.
Alrededor de 6 mil establecimientos de gasolineras han decidido levantar la voz después de haber contribuido con aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos durante el actual gobierno para poder mantenerse en funcionamiento y evitar el cierre bajo pretextos ilegales por parte de las autoridades federales.
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De acuerdo con el medio citado, dichas "extorsiones" y "moches" se realizan en nombre del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, por lo que, advirtieron, emprenderán acciones penales. Asimismo, el medio señala que loa "moches" se pagan una vez al mes; una parte en efectivo y otra en cuentas bancarias denominadas "Grupo Monterrey".
Gasolineros pertenecientes a los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán señalaron al ex subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza Profeco, Cuahtémoc Villarreal Martínez, de presuntamente encabezar esta red de "moches" y "extorsiones".
La denuncia que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que, a partir de diciembre de 2018, cuando Cuauhtémoc Villarreal ocupaba un cargo en la Profeco, se les exigió a los empresarios de las gasolineras contribuir con recursos económicos como requisito para pasar las inspecciones en sus estaciones de servicio.
En diciembre de 2022, los funcionarios públicos aumentaron significativamente la cantidad exigida, presuntamente cobrando casi 90 millones de pesos ese mes. A pesar de la destitución del Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de su cargo, la red de pagos ilegales continuó funcionando.
Los denunciantes expresaron su descontento al señalar que el nuevo Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, Víctor Hugo López Aranda, mantuvo la misma estructura y las prácticas de sobornos y extorsiones no han sido detenidas.
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En abril, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández aseguró que las gasolineras pagaban una extorsión conocida como "La Vacuna", a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para poder operar con normalidad, pues de lo contrario recibían sanciones por alguna irregularidad, o simplemente los servidores de esta dependencia les clausuraban el establecimiento.
En la entrevista realizada por Sabina Berman para el programa "Largo aliento" de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Adán Augusto López reveló que 11 mil de las 16 mil gasolineras del país pagaban esta extorsión llamada "La Vacuna", la cual es una cuota mensual de entre 20 mil y 25 mil pesos, los cuales eran entregados directamente a los servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante los primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
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