El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo este jueves que la constante violación a la ley por parte de actores políticos durante la veda electoral para la consulta de revocación de mandato puede tener como consecuencia la anulación del proceso.
Córdova señaló, durante una conferencia de prensa sobre la jornada de revocación de mandato, que hasta este jueves se han recibido 172 quejas y aún no termina porque lo que pasó el miércoles (en referencia a un acto de Morena en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México) seguramente traerá quejas.
“Estamos y esa es nuestra preocupación ante conductas irregulares sistemáticamente cometidas, coordinadas y, además, impunemente realizadas”, dijo.
El consejero presidente dijo que les preocupa que un contexto de democracia constitucional haya quien diga que no le hagan caso al INE, es decir, a la autoridad constitucional establecida para conducir los procesos electorales, lo que significa que no le hagan caso a las reglas.
Indicó que después de que el INE dé los resultados de la elección del domingo, tendrá que informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que proceda a dictaminar y a emitir en su momento la notificación a los Poderes de la Unión y a la ciudadanía con lo que concluirá este proceso.
Córdova dijo que dictaminar significa eventualmente juzgar el conjunto de sucesos que han ocurrido y claro que le van a presentar a la Sala Superior el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo.
Explicó que a la Sala Superior le corresponderá tomar las decisiones y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular este proceso democrático.
“Ojalá y ello no ocurra porque significaría la peor sanción”, dijo.
Quejas
El consejero Ciro Murayama informó que del 4 de febrero al día de hoy se han presentado 172 quejas relacionadas con el proceso de revocación de mandato, es decir, ha sido un proceso marcado por la inconformidad hacia la conducta básicamente de servidores públicos.
Murayama dijo que en estos casi dos meses la Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido 25 medidas cautelares, de las cuales cinco ha ido al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuatro a la Consejería Jurídica y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y tres a la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.
Además, señaló, 29 gobernadores y 61 senadores han recibido medidas cautelares, lo que significa que se ha vivido un procesos de revocación de mandato donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se ha violado de manera sistemática.