Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, llegó a un acuerdo este martes para no ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de defraudación fiscal en agravio de la Secretaría de Hacienda.

En una audiencia, en la cual no estuvo Lozoya y que fue de unos 20 minutos, el representante legal del exdirector de Pemex, Alejandro Rojas, dijo que su cliente está dispuesto a pagar poco más de 2.6 millones de pesos, pero que no acepta esta culpabilidad.

Informó que la Secretaría de Hacienda aceptó esta reparación del daño y que ya se tenía lista esta cantidad, pero no la han pagado porque no se ha emitido la ficha de depósito a cargo del gobierno de México.

La indagatoria contra el exdirector de Pemex se inició por la presunta falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2016 por 2 millones 695 mil 985.32 pesos.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dio un plazo de un mes para que la representación legal de Lozoya cumpla con ese pago y a partir de esa fecha, la FGR determinará si continúa con su intención de imputarlo del delito de defraudación fiscal.

El proceso

Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en 2020, y ese mismo año quedó vinculado a proceso por los casos Odebrecht y Agronitrogenados; sin embargo, se mantuvo en libertad por más de un año, hasta que a finales de 2021, a solicitud de la FGR, se modificó la medida cautelar en su contra y se le impuso prisión preventiva.

La semana pasada, Lozoya estuvo a punto de recuperar su libertad, pero el acuerdo de reparación del daño que el exdirector de Pemex y su defensa trabajaban con la FGR se frustró, luego de que un juez aplazó la diligencia a petición de los abogados del ex funcionario y Pemex.

Su defensa negocia con la actual administración de Pemex para poder alcanzar un acuerdo reparatorio que suspenda los procesos en su contra y lo deje libre.

Lozoya plantea devolver 10 millones de dólares que recibió como sobornos, aunque abogados estiman que ese monto es insuficiente porque está muy por debajo del daño que sus decisiones causaron a Pemex y a la hacienda pública.