¡Cuidado infieles!: Así castigará la CDMX la traición y el abandono conyugal

El Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta que podría cambiar la forma en que se disuelven los matrimonios en la capital. La iniciativa, denominada "Traición, Cero Liquidación", plantea modificar el Código Civil para imponer consecuencias económicas directas a quienes incurran en infidelidad o abandono del domicilio conyugal. De aprobarse, los cónyuges que cometan estas conductas quedarían excluidos de recibir bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal.

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La diputada de Morena, Elizabeth Mateos, promotora de la iniciativa, explicó que el objetivo es proteger a la parte afectada en casos donde exista una conducta dolosa que lastime a la pareja o a los hijos. Según la legisladora, acciones como la infidelidad o el abandono del hogar no deberían ser premiadas con el 50% del patrimonio acumulado durante el matrimonio.

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"Estamos ajustando el Código Civil para que no se recompensen esas conductas con la mitad del patrimonio de la víctima", señaló Mateos, afirmando que la reforma pretende respaldar a quienes han sido "traicionados, violentados o abandonados".

Bajo esta propuesta, si un juez confirma la conducta dañina, el responsable podría perder por completo el derecho a la liquidación de bienes. Esto marcaría un precedente en la legislación capitalina, donde actualmente la separación de bienes se determina sin considerar la conducta moral de los cónyuges.

Alertan riesgos y complicaciones legales

A pesar de que la iniciativa busca proteger a víctimas de rupturas dolorosas, expertos en derecho familiar advirtieron que llevarla a la práctica podría resultar complejo. Señalan que la infidelidad es un concepto íntimo y moral que resulta extraordinariamente difícil de comprobar en un tribunal.

Recordaron que el delito de adulterio fue eliminado del Código Penal en múltiples estados justamente por su carácter subjetivo, su difícil acreditación y los abusos que generó en el pasado. Para muchos juristas, revivir la discusión en el ámbito civil podría abrir la puerta a problemas mayores.

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Uno de los puntos que más preocupa es la posibilidad de que se "fabriquen pruebas" con el fin de obtener una ventaja económica al momento de tramitar un divorcio. La ambigüedad en la forma de acreditar una conducta dolosa podría, advierten, incentivar actos de corrupción, manipulación de carpetas y procesos judiciales deshonestos.

Una propuesta que divide opiniones

La iniciativa ha generado reacciones encontradas, hay quienes la apoyan argumentan que es un acto de justicia que protege a las personas que fueron engañadas o abandonadas, evitando que el cónyuge responsable se beneficie económicamente tras una separación.

Sin embargo, otros sectores consideran que el Estado no debe intervenir en decisiones íntimas de pareja, y ven la reforma como una intromisión excesiva en asuntos de moralidad. Además, cuestionan si las instituciones tienen la capacidad real de verificar este tipo de conductas sin caer en arbitrariedades.

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