Destituyen a Karla Díaz, fiscal de Veracruz que acusó de terrorismo al reportero "Lafita" León

La Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó un relevo clave en su estructura regional tras la controversia nacional generada por el caso del periodista Rafael León Segovia, conocido como "Lafita" León. Karla Díaz Hermosilla dejó de fungir como fiscal regional de la zona sur luego de que su actuación quedara bajo cuestionamiento por haber imputado inicialmente el delito de terrorismo al comunicador.

Díaz Hermosilla ocupaba el cargo desde marzo de 2024 y su salida se da en medio de fuertes críticas por el manejo del expediente contra el reportero policiaco, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por otros delitos y bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria. Hasta ahora, la Fiscalía veracruzana no ha emitido un posicionamiento oficial que detalle las razones de su separación.

El relevo fue confirmado con la designación de Braulio Salvador Conde Rivas como nuevo fiscal regional de la zona sur, con sede en Coatzacoalcos. El nombramiento fue realizado por la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Conde Rivas cuenta con una amplia trayectoria en la institución, particularmente en el combate al secuestro y la extorsión, área que coordinó durante ocho años en la región.

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El origen de la polémica

El caso que detonó la destitución se remonta a diciembre, cuando Rafael León fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fiscalía estatal lo imputó inicialmente por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública, lo que generó una reacción inmediata de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Durante la audiencia celebrada el 30 de diciembre, un juez de control determinó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de terrorismo. En consecuencia, el comunicador fue vinculado a proceso únicamente por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndosele prisión domiciliaria por un año.

En su resolución, la Fiscalía sostuvo:

"Después de escuchar los argumentos de la defensa y al valorar los datos de prueba expuestos por esta Fiscalía, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicto el auto de vinculación al proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de Seguridad pública, por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año, todo ello en los plazos y momentos procesales previstos por la ley".

Señalamientos de criminalización al periodismo

La imputación inicial por terrorismo fue señalada por organismos como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa como un caso grave de criminalización de la labor periodística. El tema escaló al ámbito nacional, al grado de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó explicaciones públicas sobre la base legal de dicha acusación.

Posteriormente, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que en Veracruz se respeta el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En un pronunciamiento oficial, señaló:

"Siendo importante resaltar que esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional. En esa tesitura la Fiscalía General del Estado de Veracruz, reitera su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno; se continuará informando a la opinión pública conforme al desarrollo del proceso y en apego a los tiempos legales".

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La versión del periodista

Rafael León ha negado reiteradamente los cargos y denunció irregularidades en el actuar de la Fiscalía. En entrevista, explicó:

"Primero me acusaron de terrorista, básicamente. Ahora me acusan de encubrir delitos y delitos contra las instituciones de seguridad. Todo esto porque, según la Fiscalía, recibía dinero de la delincuencia organizada, lo cual es mentira".

El periodista también acusó una persecución derivada de su trabajo crítico y afirmó:

"Siempre les he sacado sus trapitos al sol... comentando el nido de poder que tienen, cómo tratan a la familia, las injusticias que han hecho".

Sobre la prueba principal en su contra, cuestionó su solidez:

"Tienen un testigo, según ellos, protegido... lo único que presenta es una huella en un papel toda borrosa".

Actualmente, León permanece bajo resguardo domiciliario mientras sus abogados tramitan un amparo federal para revertir la medida. Su caso continúa abierto y sigue generando debate sobre los límites del poder ministerial y la protección efectiva a la libertad de expresión en Veracruz.

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