¿Por qué acusan de terrorismo al periodista Rafael León en Veracruz? Claves del caso

La acusación por terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, desató polémica en Veracruz y colocó nuevamente a la libertad de expresión en el centro del debate nacional. La detención del comunicador, especializado en la cobertura de hechos violentos, ha sido señalada por organizaciones civiles como un posible intento de criminalizar el ejercicio periodístico en una de las regiones más peligrosas del país para la prensa.

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Desde hace años, Rafael León ha documentado la violencia en el sur de Veracruz, una zona marcada por homicidios, enfrentamientos armados y la presencia de grupos delictivos. Su trabajo en la llamada nota roja lo expuso no solo a riesgos de seguridad, sino también a una relación tensa con las autoridades. 

De acuerdo con información recopilada por ARTICLE 19 México y Centroamérica, el periodista ha enfrentado un hostigamiento persistente que incluyó la apertura de diversas carpetas de investigación, todas cerradas sin pruebas suficientes, así como actos de intimidación y presunta vigilancia.

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Para organizaciones defensoras de derechos humanos, el caso de Rafael León no puede analizarse de manera aislada. Señalan que existe un patrón previo de criminalización en su contra, lo que agrava la actual imputación por delitos considerados graves. En este contexto, la acusación de terrorismo es vista como un mensaje intimidatorio que podría inhibir la cobertura periodística sobre temas de violencia y corrupción.

24 de diciembre: una detención polémica

La mañana del 24 de diciembre, alrededor de las 8:55 horas, agentes ministeriales detuvieron a Rafael León cuando salía de su domicilio. El operativo fue cuestionado por su familia. Su hijo, Garddiel León Oropeza, denunció que durante la detención se registraron presuntas irregularidades, entre ellas la sustracción de un vehículo y la desaparición de dinero en efectivo.

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el periodista sería imputado por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, cargos que generaron sorpresa y preocupación en el gremio periodístico.

Tras la imputación, un juez ordenó prisión preventiva oficiosa para Rafael León. ARTICLE 19 y otros colectivos consideraron esta medida desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, al tratarse de un comunicador cuyo trabajo está protegido por la libertad de expresión.

Las organizaciones advirtieron que los hechos que sustentan la acusación estarían vinculados directamente con su labor informativa, en particular con la recepción de datos sobre hechos violentos, algo habitual en el ejercicio del periodismo de seguridad.

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El argumento de la Fiscalía

Según la Fiscalía, Rafael León recibía información anticipada sobre hechos delictivos y, en algunos casos, llegaba antes que las autoridades a los lugares de los incidentes. Para sus defensores, este señalamiento ignora que el periodista tiene un número telefónico de acceso público y que recibir avisos de diversas fuentes es una práctica legítima y protegida, avalada por criterios de la Suprema Corte de Justicia y estándares internacionales.

Durante su traslado a una audiencia, esposado y escoltado, Rafael León lanzó una frase que se difundió ampliamente en redes sociales: "Ya saben lo que fabrica esta Fiscalía... esta fiscal me odia". La declaración avivó la discusión pública sobre un posible uso político de la justicia.

En paralelo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que el caso represente un acto de censura y aseguró que en el estado no se limita la libertad de expresión, postura que fue cuestionada por organizaciones civiles.

El caso ya es seguido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y se suma a otros procesos recientes contra periodistas en México, reforzando la preocupación por el uso del derecho penal como herramienta de intimidación y por el riesgo de sentar un precedente grave para la prensa.

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