¿Qué es la reforma a la Ley de Aguas y por qué causa controversia?

La discusión sobre la Ley de Aguas volvió a estallar en México luego de que el Congreso aprobara reformas que, según el Gobierno Federal, buscan fortalecer la rectoría del Estado sobre el agua y frenar prácticas que por décadas facilitaron el acaparamiento y la especulación.

Sin embargo, la iniciativa también provocó protestas, especialmente de sectores agrícolas que temen perder derechos adquiridos o enfrentar castigos desproporcionados. En el centro del debate están las concesiones, el uso del recurso y la transparencia en su administración.

La propuesta del Ejecutivo pretende reemplazar la normativa vigente desde 1992 y actualizar la gestión del agua frente a la crisis hídrica del país. El gobierno sostiene que el objetivo es impedir el "mercado de derechos de agua", reforzar la vigilancia de las concesiones e impedir que se utilicen con fines distintos a los autorizados.

Según autoridades federales, la intención es evitar que el agua funcione como mercancía y asegurar su disponibilidad para las personas y los sectores productivos más vulnerables.

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Concesiones, centralización y nuevas reglas

A continuaión, te presentamos los objetivos centrales de la reforma a la Ley de Aguas:

1. Fortalecimiento del derecho humano al agua 

Prioridad Absoluta: establecer la prioridad del uso personal y doméstico del agua por encima de cualquier otro uso (agrícola, industrial, etc.) en los criterios de asignación y gestión.

Garantía Estatal: reafirmar que el Estado es el único rector en la administración y regulación del agua, consolidándola como un bien social y no como una mercancía.

2. Fin de la mercantilización del agua

Intransmisibilidad de Concesiones: eliminar la posibilidad de que los particulares puedan transferir, vender o negociar libremente los derechos de las concesiones y asignaciones de agua entre sí. Esto busca evitar el acaparamiento y la especulación.

Reasignación de Volúmenes: facultar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para recuperar y reasignar los volúmenes de agua concesionados que no estén siendo utilizados adecuadamente.

3. Fortalecimiento de la regulación y fiscalización

Nuevo registro: sustituir el actual Registro Público de Derechos de Agua por un Registro Nacional del Agua (RNA), administrado por Conagua, para concentrar la información y aumentar la transparencia y el control sobre concesiones y disponibilidad.

Responsabilidad hídrica: introducir la figura de responsabilidad hídrica, que busca premiar o incentivar a los concesionarios y asignatarios que implementen prácticas de cuidado, tratamiento y reutilización del agua.

4. Endurecimiento de sanciones y delitos hídricos

Mayor penalización: aumentar las sanciones administrativas (multas) por el mal uso, manejo o extracción irregular del agua.

Catálogo de delitos: Incluir un catálogo de delitos hídricos relacionados con la extracción, traslado ilegal de agua con fines de lucro ("huachicoleo de agua"), o la alteración de cauces y equipos de medición.

5. Inclusión Social y Equidad

Reconocimiento comunitario: reconocer y regular los sistemas comunitarios de agua operados por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su autonomía y usos y costumbres.

Uso agropecuario: establecer reglas claras y diferenciadas para las concesiones de uso agrario, buscando proteger a los pequeños productores y la economía de subsistencia.

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Rumores, protestas y desinformación

Este rediseño legal provocó inquietud en comunidades rurales y organizaciones agrícolas, que interpretaron la reforma como una amenaza a la propiedad privada o a la continuidad de sus permisos. En respuesta, tanto Conagua como el gobierno federal han desmentido varios de esos señalamientos.

La propia Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el agua es un recurso nacional desde 1917 y que la reforma no busca quitar lo que la Constitución ya protege. En sus palabras, "el agua es un recurso natural que es un bien de la nación, estipulado en la Constitución desde 1917".

El director de Conagua también aclaró que es falso que la reforma impida heredar terrenos con concesiones, que sancione a pequeños productores por acciones habituales de riego o que prohíba la captación de agua de lluvia. Sobre este último punto, insistió en que "solamente es un tramite administrativo".

De igual forma, afirmó que sigue permitido rentar una parcela con agua y que "todo el que hoy tiene una concesión, tiene salvaguardados y garantizados sus derechos".

La presidenta también cuestionó prácticas irregulares detectadas en años recientes. En el caso de concesiones utilizadas para desarrollos habitacionales sin pagar derechos, enfatizó que, con la reforma, cuando una concesión deje de utilizarse para su fin original deberá regresar a Conagua, que podrá reasignarla de forma "expedita, rápida y transparente".

Asimismo, denunció la reventa de agua por distritos de riego que obtenían ganancias sin usar el recurso agrícola. "¿Por qué un municipio debe pagar a un grupo de personas por un recurso que es de todos?", planteó.

La controversia surge porque el agua es un recurso estratégico y su gestión toca intereses económicos, productivos y comunitarios. Para el gobierno, la reforma es indispensable para poner orden y garantizar el derecho humano al agua; para sus críticos, representa el riesgo de perder autonomía y depender de decisiones centralizadas. 

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