SEDENA
¿Error o abuso?: Lo que sabemos de los seis jornaleros asesinados por el Ejército en Tamaulipas
Seis jornaleros murieron en Tamaulipas tras un operativo militar que las autoridades describen como respuesta a una supuesta amenaza.
La noche del lunes 6 de octubre, seis presuntos jornaleros perdieron la vida en el sur de Tamaulipas tras un enfrentamiento con soldados mexicanos que, según la versión oficial, respondieron a una supuesta amenaza.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas sobre la carretera que conecta Ciudad Mante con Tampico, cuando una camioneta blanca “trató de embestir” un convoy militar.
Cinco personas murieron de manera inmediata y una más falleció mientras era trasladada al hospital Carlos Canseco en Tampico. Además, dos individuos resultaron heridos. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente, aunque medios locales confirmaron que se trataba de trabajadores agrícolas de la región.
Sedena reconoce el uso de armas, pero omite detalles cruciales
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó que los soldados dispararon a una camioneta color blanco que "trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras”.
Sin embargo, la dependencia no ofreció evidencia de que la camioneta estuviera armada ni que existiera un ataque previo, lo que deja abierta la pregunta sobre si se trató de un error o de un abuso en el uso de la fuerza.
El caso recuerda a otros incidentes similares en los últimos meses, incluyendo el de Badiraguato, Sinaloa, donde militares dispararon contra una camioneta con cuatro menores y dos adultos, causando la muerte de dos niñas. También se rememora el suceso de octubre de 2024 en Chiapas, cuando militares dispararon contra una camioneta con migrantes, dejando seis muertos y varios heridos.
Investigaciones paralelas: FGR y Fiscalía Militar
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación y recibió a los soldados involucrados en calidad de presentación, mientras que la Fiscalía de Justicia Militar inició un procedimiento interno paralelo. Organizaciones de derechos humanos han señalado que estas investigaciones duales suelen complicar la rendición de cuentas y cuestionan la independencia de los procesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos como “muy lamentables” y aseguró que tanto la Sedena como las autoridades civiles revisarán a fondo la actuación de los militares y acompañarán a las familias afectadas. Subrayó que los elementos de las Fuerzas Armadas no tienen autorización para disparar a la población civil y que solo pueden responder ante una agresión directa.
“No somos la guerra contra el narco de Calderón, en donde se permitía la excepción de disparar por más que fueran presuntos delincuentes. Aquí no. Solo se responde ante una agresión”, afirmó la mandataria, destacando que el uso de la fuerza letal está regulado por ley y debe aplicarse de manera racional.
Jornaleros y violencia estructural
El sur de Tamaulipas es una zona agrícola estratégica, con cultivos de caña de azúcar, cítricos, hortalizas y cereales. Las víctimas del lunes eran trabajadores de esta región, quienes, según testigos, no estaban involucrados en actividades delictivas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la militarización de la seguridad en México. Desde el gobierno de Felipe Calderón, el Ejército ha asumido funciones policiales sin la formación ni protocolos necesarios para garantizar la protección de civiles, generando un historial de incidentes trágicos que se repiten año tras año.
Mientras las familias de los sobrevivientes aguardan información médica y legal, la investigación sigue en curso. La FGR y la Fiscalía Militar buscan determinar si hubo exceso en el uso de la fuerza y deslindar responsabilidades.
Historial de tragedias: otros casos de civiles muertos por Sedena
El caso de los seis jornaleros de Tamaulipas no es un hecho aislado. En el último año, el Ejército mexicano ha estado involucrado en varias situaciones en las que civiles inocentes han perdido la vida, muchas veces bajo explicaciones oficiales confusas o contradictorias.
En Sinaloa, por ejemplo, dos niñas identificadas como Alexa y Leydi murieron mientras viajaban en una camioneta con su familia en Badiraguato. Según los testimonios de los sobrevivientes, los militares abrieron fuego sin darles la oportunidad de detenerse.
Los disparos alcanzaron a los menores y a sus padres, dejando a la familia marcada por la violencia. La versión oficial del Ejército omitió detalles clave y generó confusión en los reportes de los medios, revelando un patrón de opacidad que ha caracterizado otros incidentes similares.
Otro caso reciente ocurrió en Chiapas, donde un grupo de migrantes fue atacado por soldados mientras intentaba evadir un control militar. Seis personas murieron y una docena resultó herida. Entre los fallecidos había ciudadanos de diversas nacionalidades, lo que puso en evidencia la vulnerabilidad de poblaciones marginadas frente a operaciones militares sin protocolos claros para proteger a civiles.
Incluso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la justicia federal condenó a cuatro soldados a 40 años de prisión por la muerte de cinco jóvenes en 2023.
Los uniformados dispararon múltiples veces contra una camioneta sin justificación aparente, hiriendo también a un sobreviviente. La sentencia destacó la responsabilidad individual de los militares y envió un mensaje sobre la obligación de no acatar órdenes ilegales, subrayando la necesidad de rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas.
Estos casos muestran un patrón preocupante: en contextos donde el Ejército ha sido desplegado para tareas de seguridad pública, los civiles han pagado con sus vidas decisiones que deberían estar reguladas por la ley y protocolos estrictos de uso de la fuerza.
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