Ni el narco ni las malas calificaciones los bajan: INE avala candidatura judicial

En medio de la controversia por los vínculos entre aspirantes judiciales y el crimen organizado, el Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindó de la responsabilidad de eliminar a 26 candidatos cuestionados, asegurando que no tiene facultades legales para cancelar sus registros y criticando duramente a los comités de selección del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial por no haber hecho su trabajo de evaluación.

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Durante una intensa sesión del Consejo General del INE, sus consejeros resolvieron rechazar la petición de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, quienes exigieron eliminar a 26 candidatos a jueces y magistrados por no cumplir con los requisitos académicos o por estar señalados de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales.

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Pese a las denuncias políticas y mediáticas, el INE argumentó que no tiene la competencia legal para anular dichas candidaturas, ya que estas fueron aprobadas por los comités de selección designados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo largo del debate, los consejeros cuestionaron el papel de estos comités y lamentaron que hayan permitido avanzar a perfiles que, en su opinión, debieron ser rechazados desde el inicio.

Una petición fuera de la ley

Los legisladores Noroña y Gutiérrez Luna, actuales presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, presentaron una solicitud al INE para que cancelara el registro de ocho candidatos que no acreditaron el promedio mínimo requerido en su formación profesional, así como de otros 18 que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) o han sido vinculados públicamente con grupos criminales.

Entre los perfiles señalados destaca el de Fernando Escamilla, abogado del conocido líder criminal "Z-40", cuyo registro fue avalado por el comité de selección del Poder Ejecutivo.

La mayoría de los 26 candidatos cuestionados fueron propuestos por el Ejecutivo federal, aunque también hay postulaciones respaldadas por los otros dos poderes, el INE dejó claro que no tiene injerencia en la valoración inicial de estos perfiles ni en la revocación de sus candidaturas.

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Sin facultades, pero con advertencias

El INE, aunque se negó a retirar los registros, sí aprobó una resolución en la que solicita tanto al Senado como a la Cámara de Diputados entregar información completa sobre los antecedentes de los candidatos cuestionados. La intención es contar con elementos suficientes para, en caso de que alguno de ellos gane en las urnas, impedir que se le otorgue la constancia de mayoría si no cumple con los requisitos legales.

El proceso de elección de jueces y magistrados que se llevará a cabo el próximo 1 de junio ha estado rodeado de críticas desde su inicio. Múltiples ocasiones se ha advertido que el modelo carece de mecanismos eficaces para evaluar la idoneidad de los candidatos, y ahora, con la aparición de nombres ligados al crimen organizado o con deficiencias académicas, la preocupación aumentó.

Esta será la primera vez que los cargos judiciales se sometan al voto popular, una medida impulsada por el gobierno federal bajo el argumento de democratizar la justicia. 

Con las elecciones judiciales a la vuelta de la esquina, queda la duda de qué sucederá si algunos de estos candidatos, pese a los señalamientos, resultan electos. ¿Podrá el sistema impedir que perfiles inadecuados ocupen posiciones clave en la impartición de justicia?

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