Senado limpia la elección judicial: quedan fuera del proceso los perfiles con nexos criminales

A tan solo semanas de la Elección Judicial, el Senado de la República detectó aspirantes con vínculos preocupantes. En un intento por blindar al Poder Judicial, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que ya se han girado oficios a instancias clave como la FGR, la SSPC y el INE para revisar a fondo los antecedentes de los candidatos, algunos de los cuales, dijo, han defendido a narcotraficantes. 

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En medio del proceso, el Senado ha comenzado la depuración de los aspirantes. Noroña, confirmó que ya fueron enviados tres oficios con solicitudes de información sobre los perfiles que buscan ocupar cargos clave en el máximo tribunal y órganos del sistema judicial.

Las solicitudes se enviaron a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, y al Instituto Nacional Electoral (INE). El propósito es claro: identificar a cualquier aspirante con antecedentes penales, vínculos con el crimen organizado o implicaciones legales que los hagan inelegibles para ocupar una magistratura o una posición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Candidatos con vínculos criminales, en la mira

El Senado ha detectado aspirantes que en su historial profesional han defendido a narcotraficantes o han mantenido vínculos preocupantes con grupos delictivos. Ante ello, aseguró que el Área Jurídica del Senado ya trabaja en la elaboración de impugnaciones que se presentarán en los próximos días ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Estamos actuando con responsabilidad. No podemos permitir que personas con antecedentes cuestionables lleguen a ejercer funciones judiciales", sentenció el legislador.

El Senado espera recibir las respuestas de las instituciones involucradas esta misma semana. De acuerdo con Noroña, esa información será clave para estructurar las impugnaciones legales ante el TEPJF, el cual tendrá que resolver con prontitud si las candidaturas en cuestión deben ser anuladas o retiradas.

Cabe recordar que el INE ha avalado en otros procesos la posibilidad de anular candidaturas que no cumplan con los requisitos, incluso después de celebrarse los comicios, aunque este mecanismo podría estar limitado por los tiempos del actual proceso judicial.

Revisión de antecedentes, fuera de tiempo según el TEPJF

No obstante, existen posturas encontradas dentro del mismo aparato institucional. Humberto Acosta Olivar, director del área de lo contencioso del Senado, explicó que, si bien el objetivo es evitar que lleguen al poder perfiles violentos o ligados a la delincuencia, el proceso electoral ya superó las etapas de valoración de idoneidad.

Según Acosta Olivar, la Sala Superior del TEPJF ha determinado que los Comités de Evaluación ya cumplieron con su tarea, por lo que no sería procedente reabrir los expedientes o modificar las listas de candidatos en plena campaña.

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Desde el Senado también hubo críticas a la posición del INE, al que se le ha solicitado aplicar el criterio 8 de 8 en materia de violencia, que impide que agresores o personas con antecedentes graves accedan a cargos públicos. Sin embargo, el Tribunal Electoral ya resolvió que en esta elección no procede aplicar dicho filtro, debido a que los requisitos de elegibilidad ya fueron definidos y validados.

A pesar de ese revés, Fernández Noroña reiteró que insistirán por la vía legal para "limpiar" la elección judicial y asegurar que la ciudadanía no tenga que elegir entre perfiles cuestionables.

La lista nominal para esta jornada electoral supera los 97 millones de votantes, lo que la convierte en un ejercicio de participación sin precedentes. Sin embargo, la legitimidad de los futuros funcionarios del Poder Judicial dependerá en gran medida de la transparencia y limpieza del proceso.

Garantizar que solo los perfiles más íntegros lleguen al sistema de justicia es una prioridad nacional. Aunque el proceso enfrenta límites legales por los tiempos y etapas ya concluidas, el Senado apuesta a que con la presión institucional y mediática, los órganos competentes actúen para corregir posibles omisiones.

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