¿Narcopolítica? Este es el origen de Los Ardillos, el grupo que mantiene bajo asedio a Chilapa

La violencia en la Montaña Baja de Guerrero volvió a colocar el nombre de “Los Ardillos” en el centro de la discusión pública. El desplazamiento de familias completas, comunidades vacías y denuncias de ataques armados reactivaron las preguntas sobre el origen del grupo criminal señalado por habitantes y organizaciones indígenas como responsable del asedio contra pueblos de Chilapa.

Desde el pasado 6 de mayo, comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán enfrentan una nueva ola de violencia. Organizaciones comunitarias denunciaron ataques con armas de alto calibre y drones, además de desplazamientos forzados que dejaron a cientos de personas fuera de sus hogares mientras buscaban refugio en otras localidades.

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El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) aseguró que la ofensiva dejó decenas de asesinatos y desapariciones. En un comunicado difundido a través del Congreso Nacional Indígena, la organización acusó que las comunidades continúan sin protección suficiente pese a la presencia de fuerzas federales en la región.

“Tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando”, señaló el CIPOG-EZ al referirse a la actuación de las autoridades frente a los ataques registrados en la zona.

¿Cómo surgió Los Ardillos en Guerrero?

La historia de “Los Ardillos” comenzó en Quechultenango, municipio ubicado en la sierra de Guerrero, a unos 45 kilómetros de Chilapa. El origen del grupo está ligado a Celso Ortega Rosas, expolicía rural conocido como “La Ardilla”, quien comenzó a construir una red de control territorial relacionada inicialmente con el cultivo de amapola.

Con el paso de los años, la organización amplió presencia en distintas regiones de Guerrero y quedó vinculada con disputas criminales por control territorial y actividades ilícitas. Reportes periodísticos y publicaciones especializadas ubican al grupo dentro de los principales focos de violencia de la entidad.

De acuerdo con investigaciones mencionadas del periodista Héctor de Mauleón y reportes de InSight Crime, durante sus primeros años la organización habría mantenido cercanía con el Cártel de los Beltrán Leyva. Otra versión lo relaciona con operaciones de Los Zetas durante las disputas por Guerrero frente al Cártel de Sinaloa.

En 2008, Celso Ortega Rosas fue detenido por el asesinato de dos agentes encubiertos de la entonces SEIDO y por el secuestro de una mujer. Años después recuperó la libertad, pero el 26 de enero de 2011 fue asesinado en Tlanicuilulco, comunidad perteneciente a Quechultenango.

Tras su muerte, el liderazgo quedó en manos de sus hijos, quienes fueron señalados por organizaciones indígenas como parte de la estructura actual del grupo criminal.

Los hermanos Ortega Jiménez y las acusaciones en Guerrero

El CIPOG-EZ responsabilizó directamente a Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez de los hechos violentos registrados en comunidades de Chilapa. Según la organización, los cuatro consolidaron una estructura regional que mantiene presencia en distintas zonas de Guerrero.

Celso Ortega Jiménez, identificado con el alias de “La Vela”, aparece mencionado en reportes periodísticos como uno de los operadores del grupo. También son señalados Jorge Iván Ortega Jiménez, alias “El Barco”, y Antonio Ortega Jiménez, conocido como “La Parota”.

El nombre de Bernardo Ortega Jiménez volvió a cobrar relevancia debido a su trayectoria política. Fue presidente municipal de Quechultenango por el PRD entre 2002 y 2005 y posteriormente diputado local en dos periodos distintos.

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En 2015, integrantes del Colectivo Siempre Vivos denunciaron públicamente ante el Congreso local a Bernardo Ortega Jiménez y a integrantes de su familia. Hasta ahora no existe una resolución judicial que confirme participación directa del exlegislador en actividades criminales relacionadas con “Los Ardillos”.

El Congreso Nacional Indígena también sostuvo que integrantes del grupo criminal permanecen cerca de instalaciones militares sin ser detenidos. La organización aseguró que la presencia de Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal únicamente ha servido para aparentar control en la región.

¿Qué pasa actualmente en Chilapa?

Mientras continúan las denuncias por desplazamiento forzado, el gobierno federal aseguró que busca evitar una confrontación directa en las comunidades donde todavía existen civiles atrapados entre personas armadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las fuerzas federales priorizan mecanismos de diálogo para reducir riesgos y evitar más víctimas entre habitantes de la región.

“La salida sin una confrontación. Alguien podría decir: ‘que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’, sí, pero eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos”, declaró durante su conferencia matutina.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que el gobierno federal tiene registro de al menos 96 personas desplazadas por la violencia en Chilapa y confirmó la existencia de personas heridas derivado de los enfrentamientos.

El funcionario señaló que elementos de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales permanecen en la zona. También explicó que la prioridad inmediata es proteger a la población y garantizar la salida segura de quienes permanecen resguardados en comunidades afectadas.

“Ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación más adentro”, indicó García Harfuch al referirse a la situación en la Montaña Baja de Guerrero.

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