ENTRE BALAS Y ASESINATOS
Guerrero bajo fuego: violencia de "Los Ardillos" desplaza a cientos de familias indígenas
Familias indígenas de Chilapa, Guerrero, han sido desplazadas tras una serie de ataques del grupo criminal "Los Ardillos", una zona marcada por la violencia y disputa territorial.
En la región centro de Guerrero, la violencia armada ha vuelto a golpear a comunidades indígenas del municipio de Chilapa, donde pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán enfrentan una crisis de desplazamiento forzado tras una serie de ataques atribuidos al grupo criminal "Los Ardillos".
El avance de la violencia ha provocado la salida masiva de familias enteras que han tenido que abandonar sus viviendas para refugiarse en comunidades cercanas, principalmente en Alcozacán, donde se han instalado de forma temporal en condiciones precarias.
Ataques coordinados y expansión de la violencia
De acuerdo con organizaciones indígenas como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), los ataques comenzaron a principios de mayo en las comunidades de Tula y Xicotlán, extendiéndose posteriormente hacia Acahuehuetlán.
La ofensiva se prolongó durante varios días y, según los testimonios comunitarios, incluyó el uso de armas de alto calibre y drones, lo que incrementó la capacidad de ataque y generó un mayor impacto entre la población civil.
Ante esta situación, los habitantes comenzaron a abandonar sus comunidades de manera urgente. El desplazamiento se dio principalmente hacia Alcozacán, donde decenas de familias han buscado refugio tras dejar atrás sus viviendas, pertenencias y actividades cotidianas.
Videos difundidos en redes sociales muestran la llegada de grupos completos de personas, entre ellas niños, mujeres y adultos mayores, que arribaron a pie o en vehículos, cargando únicamente lo indispensable para sobrevivir.
Víctimas, daños y tensión en la región
El CIPOG-EZ ha señalado que los ataques han dejado personas asesinadas, desaparecidas y viviendas incendiadas. Aunque las cifras varían según los reportes, la organización advierte que el saldo del conflicto en la región, acumulado durante años, incluye decenas de homicidios y desapariciones vinculadas a la disputa territorial.
La violencia no es nueva en esta zona de la Montaña baja de Guerrero. Se trata de un conflicto que, de acuerdo con organizaciones comunitarias, lleva más de una década activo, con enfrentamientos recurrentes entre grupos armados y policías comunitarias.
En este contexto, el corredor que conecta diversas localidades de Chilapa con el municipio de José Joaquín Herrera se ha convertido en un punto crítico, donde se han registrado ataques, asesinatos y el abandono progresivo de comunidades enteras.
Denuncias de abandono y falta de protección
Las comunidades afectadas han denunciado la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, pese a la presencia intermitente de fuerzas de seguridad en la zona.
Habitantes y organizaciones indígenas señalan que los ataques han continuado incluso después del ingreso de elementos estatales y federales, lo que ha generado una creciente percepción de indefensión.
En sus denuncias, los pobladores aseguran que el desplazamiento se ha convertido en la única alternativa para preservar la vida, ante la imposibilidad de regresar a sus comunidades sin garantías de seguridad.
El CIPOG-EZ ha insistido en que la situación no es un hecho aislado, sino parte de un conflicto prolongado que ha reconfigurado la vida comunitaria en la región durante los últimos años.
Respuesta del gobierno federal
En medio de las denuncias por la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia del 11 de mayo sobre la situación en Guerrero.
La mandataria señaló que el gobierno federal trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobernación para atender a las comunidades indígenas afectadas. Explicó que el primer paso será establecer contacto directo con los habitantes para identificar con precisión lo que ocurre en la región.
Agregó que se contempla la participación de la Guardia Nacional y la atención a las familias desplazadas como parte de las acciones para generar condiciones que permitan su eventual retorno a sus comunidades de origen. "Estamos trabajando ahí para poder proteger a la población", afirmó.
No obstante, organizaciones indígenas han expresado dudas sobre la efectividad de estas medidas. El Consejo Nacional Indígena ha denunciado que grupos armados han logrado posicionarse en zonas cercanas a instalaciones militares sin intervención, y sostiene que la presencia de fuerzas de seguridad ha sido insuficiente para contener los ataques.
Una región marcada por la disputa y el desplazamiento
Mientras las autoridades anuncian estrategias de atención, cientos de familias continúan desplazadas sin certeza sobre su regreso. En las comunidades de origen, las actividades cotidianas han quedado suspendidas por la violencia.
La región de Chilapa permanece atrapada en un conflicto de larga duración entre grupos armados y estructuras comunitarias de autodefensa, en un contexto donde la presencia institucional ha sido limitada o intermitente.
En este escenario, la población civil continúa siendo la más afectada, viviendo entre el miedo, el desplazamiento forzado y la incertidumbre sobre el futuro de sus comunidades.
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