Caso Atenco: 31 mujeres agredidas sexualmente por policías del Edomex gobernado por Peña

"Fui torturada sexualmente por muchos policías. No es posible saber cuántos. Me habían tapado la cara con mi propio suéter". 

México tiene una deuda histórica con mujeres que fueron detenidas y torturadas sexualmente por policías durante los operativos realizados el 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Edomex.

En 2006, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y Felipe Calderón ocupaba la presidencia de la República Mexicana. 

Los violentos operativos de mayo

La mañana del 3 de mayo floristas intentaron instalar puestos frente al mercado Belisario Domínguez, en Texcoco. Sin embargo, poco más de 300 policías lo impidieron, lo que desató un enfrentamiento entre uniformados y pobladores, quienes se defendieron con lo que pudieron. 

Para resguardarse, las y los vendedores se movilizaron a un domicilio ubicado a 500 metros de donde inició el conflicto.

Debido a esta represión, otro grupo de al menos 200 personas bloquearon la carretera Los Reyes-Lechería a la altura de la entrada principal del municipio de San Salvador Atenco en ambos sentidos de circulación.

Motivada por esta reacción, la Agencia de Seguridad Estatal implementó un operativo policial (con más de 300 elementos) para detener a las personas que se encontraban en el inmueble particular, detalla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En total, ese 3 de mayo se detuvieron  a 85 personas, a quienes se trasladó de manera inmediata al Centro de Readaptación Social "Santiaguito".

Organismos internacionales de derechos humanos destacan que esa noche hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En dicha reunión se decidió "utilizar la fuerza pública" a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, presentar ante las autoridades a los responsables de los "disturbios" y "restablecer el estado de derecho" en San Salvador Atenco.

Luego de esa orden, el 4 de mayo la violencia escaló. Más de dos mil elementos de seguridad se desplegaron en distintos puntos de la "zona de conflicto". Ingresaron a domicilios particulares, a tiendas; caminaron por las calles y azotaron contra el piso a quien pasaba frente a ellos.  

Ese día, policías se llevaron detenidas a 106 personas, pese a que muchas de ellas no habían participado en los hechos ni cometido los actos que se les imputaron.

31 mujeres detenidas fueron víctimas de abuso sexual

Agresiones físicas, amenazas de muerte, patadas, insultos y despojo de pertenencias, fueron algunas de las violaciones que vivieron las personas detenidas durante el 3 y 4 de mayo.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en total fueron detenidas 50 mujeres, de las cuales 31 denunciaron haber sido agredidas sexualmente por parte de policías en las camionetas o incluso en instalaciones oficiales.

"Los abusos denunciados consistieron en: manoseos, tocamientos, apretones y pellizcos en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, estableciendo un contacto directo con la piel; introducción de los dedos y la lengua en la boca; colocación del 'tolete' entre las piernas; frotamiento del miembro viril en el cuerpo; obligación a practicar sexo oral mediante la introducción del miembro viril en la boca; penetración vaginal con los dedos; e introducción de objetos extraños en la vagina. Estos actos iban acompañados de palabras obscenas, amenazas, golpes y jalones a su ropa interior", de acuerdo con la CNDH.

Tras darse a conocer esta información, Enrique Peña Nieto negó las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y refirió que no había existencia de exámenes ginecológicos que demostraran dichas denuncias.

"Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres", fue la declaración del entonces gobernador del Edomex.

Estudiante, reportera, empleada de una tortillería: las sobrevivientes de Atenco

"Tomaban turnos e invitaban a otros para subir al autobús donde abusaban de mí. 'Vengan a probar a esta perra', se decían", contó a BBC Norma Jiménez, una de las sobrevivientes.

Entre las mujeres detenidas se encontraba una joven estudiante de la UNAM, quien acudió al lugar para investigar a fondo sobre su proyecto de tesis. También había una reportera, la empleada de una tortillería; una mujer que estaba por comenzar a vender en su puesto de mezclilla; dos jóvenes que sólo pasaban cerca del lugar e incluso algunas que acudían de compras al mercado.

"Ahorita te vamos a violar y te vamos a desaparecer", "Por no estar en tu casa lavando trastes", "Puta", fueron algunas de las frases que policías del Estado de México dijeron a las detenidas. 

Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez, decidieron llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Ante este organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), 11 de las 31 mujeres agredidas sexualmente denunciaron al Estado mexicano por las agresiones y tortura perpetrada en su contra por parte de elementos de seguridad.

Años después, la CorteIDH encontró culpable al Estado mexicano por la detención ilegal y arbitraria de las mujeres de Atenco. Además, determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual.

Por lo que se ordenó al Estado investigar lo ocurrido con perspectiva de género y, sobre todo, investigar a los responsables a nivel federal y estatal.

Sin embargo, a 15 años de lo ocurrido, no hay ningún avance en el caso y el daño a las sobrevivientes no ha sido resarcido.

En mayo de 2021, las víctimas señalaron que hasta la fecha no existe una sentencia condenatoria a nivel nacional.

Destacaron que tampoco se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, creado en 2015. Y mucho menos se ha realizado el diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres, tal como lo recomendó la CorteIDH.

"Hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos son un sólo Estado mexicano. Y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido", sentenció Bárbara Italia Méndez, una de las sobrevivientes.