"No veo ningún riesgo": Sheinbaum responde tras entrega de exsecretarios de Rocha Moya a EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un impacto político o institucional para su gobierno luego de que dos exfuncionarios ligados a la administración de Rubén Rocha Moya quedaran bajo custodia de autoridades estadounidenses por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria sostuvo que tanto la entrega de Gerardo Mérida Sánchez como el proceso judicial contra Enrique Alfonso Díaz Vega obedecen a decisiones individuales y negó que los casos representen una amenaza para Morena o para su administración.

"No veo ningún riesgo, ninguno. Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo", declaró Sheinbaum al referirse a los exfuncionarios sinaloenses investigados por autoridades estadounidenses.

Sheinbaum acusa campaña del "viejo régimen" tras señalamientos de narcovínculos

La presidenta también respondió a las críticas y publicaciones que han retomado ambos expedientes para señalar presuntos nexos entre Morena y grupos criminales.

"En 2018 llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que gobierna para todos, para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos de México y del exterior. ¿Quiénes son los que ahora escriben que hay narcogobierno, que hay narcopartido? Son las plumas del viejo régimen, así de sencillo", afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente atención mediática sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra integrantes y exintegrantes del círculo político de Sinaloa, particularmente funcionarios que formaron parte del gabinete estatal durante el gobierno de Rocha Moya.

Gerardo Mérida Sánchez es investigado por presunta protección a Los Chapitos

Uno de los casos que detonó la polémica es el de Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024.

El exfuncionario se entregó a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo, según reportes difundidos recientemente. Las investigaciones en su contra apuntan a una presunta red de protección a integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos.

La acusación coloca por primera vez a un exresponsable directo de la seguridad pública estatal bajo el radar de autoridades federales estadounidenses en una causa vinculada al tráfico de drogas y colaboración criminal.

Enrique Alfonso Díaz Vega fue trasladado a Nueva York

El segundo expediente involucra a Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, señalado por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de alto poder.

Su caso tomó relevancia internacional luego de que medios reportaran el pasado 15 de mayo su detención y posterior entrega a autoridades de Nueva York.

De acuerdo con los primeros informes, Díaz Vega habría sido asegurado inicialmente en Europa antes de ser trasladado a territorio estadounidense. Las autoridades norteamericanas lo relacionan con presuntos vínculos operativos y financieros con el Cártel de Sinaloa, además de otros funcionarios mexicanos investigados dentro del mismo expediente federal.

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Investigación en Estados Unidos lleva más de ocho años

Las indagatorias que hoy alcanzan a exfuncionarios sinaloenses no comenzaron recientemente. La investigación federal en Estados Unidos se remonta a más de ocho años atrás y surgió a partir de operaciones de distribución de droga detectadas en Los Ángeles.

Con el paso del tiempo, las pesquisas se expandieron hacia una estructura más amplia que incluye operadores financieros, enlaces internacionales, presuntos lavadores de dinero y funcionarios públicos señalados por colaborar con la organización criminal.

La causa penal identificada como S9 23 Cr. 180, radicada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, agrupa actualmente a 38 acusados. Entre ellos aparecen integrantes de Los Chapitos, operadores logísticos y una decena de funcionarios y exfuncionarios relacionados con el gobierno de Sinaloa.

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