¿CUÁNDO SERÍA?
¿Ya no será en 2027? La nueva fecha que propone Sheinbaum para elección judicial
La reforma judicial presentada por Sheinbaum plantea mover la elección de 2027 a 2028.
La elección judicial en México podría cambiar de fecha. Durante la conferencia encabezada este 18 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial que contempla mover la jornada electoral prevista para 2027 y reorganizar parte del proceso de selección de jueces y magistrados en todo el país.
El documento fue expuesto por Luisa María Alcalde, consejera Jurídica, y plantea una serie de modificaciones que impactarían tanto a las elecciones federales como a las estatales. Entre los puntos más relevantes aparece el cambio de calendario, la reducción del número de candidaturas y nuevas reglas para evaluar a quienes aspiren a cargos dentro del sistema judicial.
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¿Cuándo sería la nueva elección judicial en México?
La propuesta presentada establece que la jornada electoral de 2027 se movería al domingo 4 de junio de 2028, tanto para el ámbito federal como para los procesos locales. Las elecciones judiciales posteriores seguirían realizándose de manera concurrente con procesos ordinarios en años como 2030, 2033 y 2036. En la elección de 2028 se renovarían distintos cargos dentro del Poder Judicial:
- 4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF
- 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito
- 385 jueces de Distrito
- 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces en 25 estados
La propuesta también señala que las futuras vacantes judiciales se cubrirían durante esos procesos electorales ordinarios, conforme se vayan generando.
¿Qué cambiaría en la selección de jueces y magistrados?
Otro de los puntos centrales de la reforma es la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios y metodologías de evaluación entre los tres Poderes. Según el documento, este órgano revisaría que los aspirantes cumplan requisitos formales y establecería mecanismos unificados de evaluación, incluyendo exámenes de conocimientos.
La propuesta indica que cada Poder elegiría a una persona coordinadora y esas tres figuras integrarían la Comisión Coordinadora. El objetivo planteado es unificar criterios para la selección de candidaturas judiciales en los distintos niveles.
Además, se propone reducir el número de aspirantes en las boletas electorales. Los Comités de Evaluación seleccionarían primero a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y posteriormente se realizaría una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por especialidad, respetando la paridad de género. El documento también compara el número de candidaturas antes y después de la reducción planteada:
- Suprema Corte de Justicia de la Nación: de 81 a 54
- Tribunal de Disciplina Judicial: de 45 a 30
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: de 63 a 42
Boletas simplificadas y capacitación obligatoria
La reforma presentada contempla simplificar las boletas electorales. Cada ciudadano votaría por un juez y un magistrado de acuerdo con cada especialidad. Las boletas distinguirían qué candidaturas corresponden a cada Poder y también incluirían a jueces o magistrados en funciones que busquen reelegirse.
Para aplicar este mecanismo, el INE tendría la facultad de dividir el territorio en los distritos judiciales necesarios. La propuesta señala que esto busca garantizar el derecho de participación dentro del nuevo esquema electoral judicial.
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Otro de los cambios incluidos es la capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina, junto con la Escuela Judicial, implementaría programas de actualización y evaluación continua para las personas juzgadoras.
La iniciativa también propone ajustes para los poderes judiciales estatales, con reglas similares a las federales en materia de evaluación, insaculación y reducción de candidaturas. Además, se plantea que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mismas ubicaciones que las elecciones ordinarias, aunque se aclara que representantes de partidos políticos no podrían intervenir en esos procesos.
Finalmente, en el documento presentado se menciona que la elección judicial de 2028 podría coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato, en caso de solicitarse conforme al artículo 35 constitucional.
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