¿Lo extraditarán a Estados Unidos? Dan detalles del caso Rubén Rocha tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa

El proceso que rodea a Rubén Rocha Moya entró en una fase técnica que redefine el rumbo del caso. Tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo, la discusión se trasladó al terreno jurídico: ¿qué tipo de solicitud presentó Estados Unidos y en qué etapa se encuentra el posible proceso de extradición?

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, expuso el punto exacto en el que se encuentra el caso. Su explicación se centró en distinguir dos figuras clave: la solicitud formal de extradición y la detención provisional con fines de extradición.

¿En qué etapa está la posible extradición de Rubén Rocha?

Luisa María Alcalde detalló que el proceso no se encuentra en una solicitud formal de extradición. En su lugar, lo que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición, una figura distinta regulada en el tratado bilateral.

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"La solicitud formal de extradición está regulada en el artículo 10 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Esa es la solicitud que se presenta con requisitos específicos", explicó. Entre estos requisitos se incluyen la descripción del delito, datos de prueba, orden de aprehensión y documentos legales que sustenten la acusación.

En contraste, la detención provisional se activa cuando existe urgencia. Es decir, cuando se considera que hay riesgo de que la persona se sustraiga de la justicia o interfiera en el proceso. Este tipo de solicitud abre un plazo de 60 días para que posteriormente se presente la solicitud formal.

¿Por qué no se ha detenido a Rubén Rocha?

De acuerdo con lo expuesto, la solicitud enviada por autoridades estadounidenses no incluyó elementos suficientes para acreditar la urgencia. Por ello, la Fiscalía General de la República emitió una opinión en la que señaló que no se encuentra debidamente fundamentada. El procedimiento, según explicó la consejera jurídica, sigue un orden específico:

• La parte requirente solicita la detención provisional
• Se deben aportar pruebas que acrediten urgencia
• La Fiscalía analiza los elementos
• Se emite una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores
• Un juez de control determina si procede la detención

En este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó una opinión a la Fiscalía, la cual concluyó que no existen elementos que acrediten riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Por ello, se requiere información adicional antes de presentar el caso ante un juez.

"¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores", puntualizó Alcalde al explicar el siguiente paso del procedimiento.

¿De qué acusan a Rubén Rocha en Estados Unidos?

El 29 de abril se dio a conocer que autoridades estadounidenses presentaron una acusación contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya. El anuncio fue realizado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), encabezada por Terrance C. Cole.

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Según el documento, los implicados habrían participado en una red relacionada con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas. Entre los cargos señalados se encuentran:

• Conspiración para la importación de narcóticos
• Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
• Conspiración para poseer armamento de este tipo
• En algunos casos, delitos adicionales como secuestro

Las penas asociadas contemplan cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión en caso de una sentencia condenatoria.

Confidencialidad y proceso legal

Otro de los puntos abordados fue la confidencialidad del proceso. Luisa María Alcalde indicó que este tipo de solicitudes deben manejarse bajo reserva para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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En ese contexto, señaló que la difusión pública de información puede afectar el desarrollo del caso. También indicó que la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura sobre la culpabilidad ni sobre la procedencia de una eventual detención.

"La Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no un delito", explicó. Añadió que la institución únicamente ha señalado la falta de elementos en la solicitud presentada.

Actualmente, el proceso se encuentra en espera de que el país requirente aporte información adicional que permita acreditar la urgencia. Solo en ese escenario podría presentarse el caso ante un juez de control, quien determinaría si procede la detención provisional y el inicio formal del proceso de extradición.

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