- 04 de mayo de 2026
Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y exfuncionarios señalados por EE.UU. revelan ingresos millonarios, múltiples pensiones, adquisición de bienes de lujo.

La reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos —activos y retirados— ha abierto una revisión pública de sus perfiles económicos. En el centro del señalamiento aparece el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con una red de servidores públicos presuntamente vinculados a estructuras del crimen organizado.
Más allá de las imputaciones por narcotráfico y tráfico de armas, el caso ha puesto bajo escrutinio sus declaraciones patrimoniales: ingresos, bienes inmuebles, vehículos de lujo, pensiones y empresas que, en algunos casos, contrastan con sus cargos públicos.

Rocha Moya: múltiples pensiones, ingresos públicos y un auto de rifa
De acuerdo con una investigación de El Universal, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya reportó ingresos anuales por aproximadamente 2.3 millones de pesos, provenientes de distintas fuentes.
Entre ellas destacan tres pensiones: una de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por 731 mil 647 pesos; otra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 490 mil 626 pesos; y una más del ISSSTE por concepto de viudez, por 316 mil 102 pesos.
Además, en su declaración patrimonial más reciente, correspondiente a mayo del año pasado, señaló haber recibido 798 mil 208 pesos por su cargo como gobernador de Sinaloa.
En cuanto a bienes, reportó un vehículo Volkswagen Gol obtenido mediante rifa en 2017, así como la compra a crédito de un Mercedes Benz GLC 2018 por 850 mil pesos.

Enrique Díaz Vega: el exfuncionario con empresas y autos de lujo
Uno de los perfiles más llamativos es el de Enrique Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien figura entre los señalados por Estados Unidos.
De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2024 reportó ingresos por 7 millones 820 mil 985 pesos, principalmente provenientes de actividades empresariales.
En su historial financiero se registran compras de contado de terrenos durante su gestión pública, incluyendo dos adquisiciones en octubre de 2022 por más de un millón de pesos cada una.
También reportó la compra de vehículos de alta gama: un BMW M Coupe manual, otro BMW y un Lexus con valor cercano a los 2 millones de pesos.
Díaz Vega además figura como socio o propietario de al menos 10 empresas, entre ellas Comercial Digax, Urbaland, Innova Construcciones del Pacífico y Olympo Farms, algunas con vínculos familiares y empresariales en Culiacán.

Enrique Inzunza Cázarez: jubilación millonaria y auto clásico
El actual senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, reportó en 2024 ingresos por 1 millón 624 mil 976 pesos derivados de su jubilación como expresidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal.
En su declaración patrimonial también informó la compra de contado de un automóvil GMC clásico modelo 1970, valuado en 100 mil pesos.
Alcaldes, policías y funcionarios sin transparencia patrimonial
El alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, declaró ingresos por 677 mil 145 pesos y la propiedad de una vivienda adquirida en 2015 por 545 mil 247 pesos, además de tres cuentas bancarias sin montos revelados.
Por su parte, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, reportó ingresos por 1 millón 506 mil 392 pesos y la compra a crédito de un Mercedes Benz valuado en más de un millón de pesos.
En contraste, otros perfiles como el excomandante de la Policía Estatal Preventiva, José Dionisio Hipólito, declararon ingresos modestos —353 mil 433 pesos— y afirmaron no contar con propiedades, vehículos o cuentas bancarias.
Más preocupante aún, varios exfuncionarios —incluidos mandos policiacos y un vicefiscal— no cuentan con declaraciones patrimoniales disponibles, lo que deja vacíos en la trazabilidad de su patrimonio.
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La acusación de Estados Unidos: una red bajo investigación
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, activos y retirados, por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los implicados habrían tenido relación con la facción criminal conocida como "Los Chapitos".
La investigación no solo busca sanciones penales, sino también el decomiso total de bienes vinculados a actividades ilícitas.
El plan de decomiso: bienes, cuentas y empresas en la mira
La estrategia del gobierno estadounidense contempla la incautación de cualquier activo que haya sido adquirido directa o indirectamente mediante actividades ilícitas.
Esto incluye propiedades, cuentas bancarias, empresas y bienes utilizados para operaciones logísticas del crimen organizado.
El expediente también contempla la figura de "bienes sustitutos", lo que permite confiscar cualquier otro activo cuando los originales no puedan ser localizados, incluso si fueron transferidos a terceros o prestanombres.
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