ONU SOBRE MÉXICO
Crisis por desapariciones en México tensa relación con la ONU; Sheinbaum acusa informe tendencioso y sesgado
El caso mexicano será analizado por la ONU tras un procedimiento excepcional; el gobierno rechaza el informe y acusa sesgo.
La crisis de desapariciones en México escaló a uno de los niveles más altos del sistema internacional. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU decidió activar un mecanismo excepcional para que la Asamblea General de las Naciones Unidas analice la situación del país.
El procedimiento, contemplado en el artículo 34 de la convención internacional en la materia, se utiliza solo cuando existen indicios suficientes de un problema grave o persistente. En este caso, el comité considera que hay elementos que ameritan la atención de toda la comunidad internacional.
La medida no implica una condena directa, pero sí abre la puerta a recomendaciones, cooperación internacional y posibles resoluciones enfocadas en prevenir, investigar y sancionar las desapariciones.
Indicios de crímenes de lesa humanidad
En su resolución, el comité sostiene que la información recopilada apunta a que en México "se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad", al considerar que existen patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El análisis se basa en datos acumulados durante más de una década, incluyendo evaluaciones periódicas, visitas al país —como la realizada en 2021—, respuestas del Estado mexicano y denuncias de víctimas.
"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
El organismo también subrayó que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer desapariciones, pero sí detectó información que sugiere participación, apoyo o tolerancia de funcionarios públicos en algunos casos.
La magnitud del problema: fosas, restos e impunidad
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la dimensión de la crisis. Aunque el registro oficial no distingue con claridad cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, las cifras reflejan un fenómeno extendido.
El comité destacó el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas, con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, además de alrededor de 72,000 restos sin identificar.
Pese a las medidas adoptadas en años recientes, el organismo advierte que no hay evidencia de una mejora sustancial. Las autoridades, señala, siguen rebasadas por la magnitud del problema, lo que hace urgente una transformación estructural en los mecanismos de búsqueda, investigación y justicia.
ONG califican decisión como "histórica"
La determinación del comité fue respaldada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que la calificó como "histórica".
La organización destacó que es la primera vez que se activa este mecanismo para México y sostuvo que existen "indicios bien fundados" de que las desapariciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad, lo que refuerza la gravedad del diagnóstico internacional.
Gobierno de Sheinbaum rechaza el informe
La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. A través de la Secretaría de Gobernación, la administración de Claudia Sheinbaum rechazó el informe al considerarlo "tendencioso" y "sesgado".
En un comunicado, el gobierno acusó al comité de omitir avances institucionales y legales implementados en los últimos años, así como de ignorar información actualizada entregada recientemente.
También cuestionó la base jurídica del procedimiento, al señalar que este mecanismo está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera sistemática por el Estado, lo cual —afirma— no corresponde a la realidad actual del país.
"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas", subrayó el posicionamiento oficial.
Señalamientos sobre parcialidad y contexto histórico
El gobierno también argumentó que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en casos localizados en cuatro estados, por lo que consideró que la evaluación no refleja la situación actual.
Incluso acusó al comité de "falta de rigor jurídico" y señaló posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
No obstante, el propio comité reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones, aunque enfatiza que eso no excluye la existencia de crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
Reformas y medidas que México asegura haber implementado
Como parte de su defensa, el gobierno federal destacó una serie de reformas y herramientas adoptadas recientemente, entre ellas:
- La Alerta Nacional de Búsqueda
- La apertura inmediata de carpetas de investigación
- La creación de una Base Nacional de Carpetas
La Plataforma Única de Identidad
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
La coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la federación
Estas medidas, afirma, forman parte de una transformación estructural construida con la participación de familiares de víctimas.
Una relación bajo presión internacional
El episodio abre un nuevo frente en la relación entre México y los organismos internacionales de derechos humanos. Mientras el comité insiste en la necesidad de apoyo y cooperación internacional ante la gravedad del fenómeno, el gobierno defiende sus avances y rechaza lo que considera una evaluación injusta.
El proceso ahora pasará al análisis de la Asamblea General, donde el caso mexicano podría adquirir mayor visibilidad global y derivar en nuevas recomendaciones.
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